SIN PELOS EN LA LENGUA

Hacer más con menos

En tiempos de escasez hay que hacer más con menos, y eso es precisamente lo que se llama eficiencia, que debería ser el norte de la política de aguas, llueva o no llueva. La nueva Directiva Marco de la Unión Europea nos obligará también a mejorar la calidad, sin olvidar el importante papel del agua en la conservación de ecosistemas. La repercusión de los costes de las infraestructuras en los usuarios, aunque no agrade a los afectados, sobre todo a los regantes, acostumbrados a que el Estado (es decir, todos) corriese con los gastos e inversiones, servirá sin duda para consumir agua con más eficiencia. La política del Gobierno y del ministerio de Medio Ambiente (el Programa A.G.U.A.) trata de resolver los problemas del agua de España, proporcionando agua antes, más barata que con el trasvase del Ebro, con menos perjuicio para el medio ambiente y de más calidad, que con las alternativas anteriores del PHN del PP, o las del propio PHN del PSOE de 1996. El Programa A.G.U.A. no plantea conflictos irresolubles entre Comunidades Autónomas, a diferencia de los trasvases entre Cuencas, y se adapta a la nueva legislación de la Unión Europea, y muy especialmente la Directiva Marco 2000/60. Hoy conviene resolver con sensatez, sin tanta crispación, los problemas relacionados con el agua y la sequía actual, ya sean de cantidad o de calidad. La auténtica sequía de ideas es la del nacionalismo hidráulico del PP murciano y valenciano, aferrado al trasvase del Ebro como a una tabla de salvación, si no hidráulica, al menos electoral (o eso piensan). La prioridad debe ser aumentar la eficiencia en todos los usos (o lo que es lo mismo, proporcionar los mismos servicios con menos consumo de agua), reducir las pérdidas en las redes de distribución, mejorar la depuración de las aguas residuales y reutilizarlas para ciertos usos (regadíos, baldeo de calles, campos de golf, jardines públicos), instalar la veintena de grandes desalinizadoras previstas, aprovechar con moderación las aguas subterráneas, ir aplicando una política de precios que evite el despilfarro y repercuta los costes en los usuarios e implantar nuevos modelos de gestión, incluidos los bancos públicos de agua, dando prioridad al abastecimiento de la población. Claro que los del PP quieren ahora aprovechar los bancos públicos de agua para intentar volver a colar el trasvase del Ebro, y seguir con la crispación, mientras ponen todo tipo de zancadillas a las desalinizadoras ¡por razones ambientales! Precisamente ellos, los nuevos Atilas del hormigón y del green del golf, que por donde gobiernan sólo crece el ladrillo y el único verde es el del green (la presidenta Aguirre juega todos los días, antes de conceder alguna televisión digital a sus amigos de la ultraderecha). Ahora resulta que se han vuelto ecologistas y han descubierto el impacto ambiental de la salmuera y el boro, o que el nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó atraviesa varias “zonas protegidas”, ellos, a quienes no les tiembla el pulso para recalificar como urbana cualquier zona, con tal de construir una nueva urbanización con su correspondiente campo de golf, que tanto ayuda a la revalorización y da valor añadido a sus proyectos especulativos.

José Santamarta es director de la edición española de la revista World Watch

Gestión de la demanda versus aumento de la oferta

Como tantas cosas básicas, sólo percibimos la importancia del agua cuando nos falta, o nos afecta una sequía como la que hemos sufrido en 2005. La política de aguas es uno de los temas de mayor confrontación, como muestran las polémicas en torno al trasvase del Ebro, del Tajo-Segura o del Júcar-Vinalopó, o la construcción de algunos embalses, como Castrovido en Burgos, o Biscarrués en Aragón, o Riaño e Itoiz en un pasado reciente. Todos utilizamos el agua, ya sea para abastecimiento urbano, regadíos, usos industriales o incluso campos de golf, y todos queremos pagar lo menos posible. Las necesidades son infinitas, pero el recurso es escaso. ¿Cuánta agua es suficiente? ¿Quién pone límites y raciona la escasez? ¿Quién paga el abastecimiento y la depuración? ¿Y cuánto tiempo podremos aguantar la demagogia de Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), que se opone a algo tan elemental como pagar el precio del agua que consumen? Los bajos precios del agua para los regadíos incentivan el despilfarro, impiden la modernización y son una subvención encubierta, que pagan todos los ciudadanos, al financiar con dinero público los embalses y las conducciones, por no hablar de otras externalidades, como la contaminación difusa por nitratos y plaguicidas, o el coste de oportunidad del agua, que si se emplea en un uso, no puede utilizarse en otro. Los agricultores, por supuesto, atraviesan una difícil situación y hay que garantizarles un nivel de vida digno por su actividad, una de las más nobles que existen (producir los alimentos que consumimos), pero ello no tiene por qué significar necesariamente garantizarles el agua a un precio muy por debajo de su coste. Los regadíos consumen casi el 80% del agua en España, y representan un porcentaje ínfimo del PIB y de la población ocupada. La sequía acentúa la necesidad de una nueva política del agua, que garantice más equidad, más eficiencia y más sostenibilidad, aprovechando las mejores tecnologías disponibles, y que combata el despilfarro, la insuficiencia de recursos y la contaminación del agua. La nueva política del agua incluye la gestión de la demanda, frente al enfoque tradicional basado sólo en la oferta de nuevas infraestructuras hidráulicas, como embalses y trasvases que, si son necesarias, deberán ejecutarse analizando sus costes, viabilidad e impacto sobre el medio ambiente. La desalinización y la reutilización de las aguas previamente depuradas, son algunas de las tecnologías a potenciar cada vez más, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de recursos hídricos continentales; pero también es prioritario optimizar el uso del agua, mediante la modernización de los regadíos, la mejora de la calidad del agua y el fomento de la eficiencia en el uso de los actuales sistemas hídricos superficiales y subterráneos, reduciendo las importantes pérdidas en las redes de distribución.

José Santamarta es director de la edición española de la revista World Watch

El nacionalismo hidráulico del PP

El PP y algunos de los gobiernos de las Comunidades Autónomas donde gobierna (Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid) están utilizando la sequía contra el gobierno, al que no perdonan la derogación del trasvase del Ebro, y sobre todo haber perdido las elecciones y el gobierno. Nadie tiene la culpa, políticamente, de que no llueva, pero el PP allá donde gobierna no ha adoptado medidas para afrontar la sequía, y se ha lanzado a una campaña demagógica y permanente contra el gobierno socialista, con la esperanza de obtener réditos electorales en las próximas confrontaciones. Los trasvases son objeto de debate y de confrontación, entre partidos políticos y regiones, como sucedió con el trasvase del Ebro, ocurre con cada nuevo trasvase del Tajo e incluso con el previsto del Júcar al Vinalopó, que enfrenta a Valencia con Alicante. El PP de Murcia y Comunidad Valencia han encontrado la piedra filosofal, la seña de identidad que sirve de bandera contra la izquierda y el gobierno: el nacionalismo hidráulico, la demagogia del “agua para todos”, y la reivindicación del trasvase del Ebro, o de trasvases imposibles desde los embalses vacíos de la cabecera del Tajo (Entrepeñas, y Buendía). Hoy es el Ebro, luego será el Tajo medio, posteriormente el Ródano, pero ni con el Amazonas tendrían bastante. Más regadíos y, sobre todo, campos de golf y centenares de miles de nuevas viviendas para todos los europeos que tengan con que pagarlas, a costa de la destrucción del litoral y de todo tipo de ecosistemas. Uno de los intelectuales orgánicos, y desde luego el más inteligente, es el periodista de La Verdad de Murcia (del grupo Vocento) Manuel Buitrago. Lo que él dice un día, al día siguiente lo repiten como papagayos todos los responsables regionales del PP. Buitrago les ilustra y les da la sofisticación y la gracia que no tienen. Lástima que una persona tan inteligente y tan lúcida como Buitrago esté al servicio del “agua para todos los campos de golf”. El discurso, a fuerza de machacón, ha calado hondo, sobre todo en Murcia, donde existe la extendida ideal de que “les queremos robar el agua”, aunque en ninguna otra región el gobierno ha invertido tanto para subsanar una demanda voraz, alimentada por nuevos regadíos, legales o ilegales, urbanizaciones y campos de golf, y todo ello en la región más árida de Europa, en ese Levante que va de Alicante a Almería. Hablan de una agricultura sin subvenciones, pero se olvidan de decir que sin las barreras arancelarias no podrían competir en el mercado europeo, sin olvidar el enorme impacto del consumo de agua, la destrucción de hábitats, la contaminación por nitratos y por plaguicidas. Y en algún momento deberán pagar el “precio real” del agua subvencionada que consumen, como establece la Directiva Marco de la Unión Europea. Pero aún más deplorable es la creación de decenas de nuevos campos de golf, siempre ligados a grandes complejos residenciales, con su correspondiente demanda de agua, en la región más árida de Europa. ¿Qué no hay agua? Pues se trae de donde sea, y si las cabeceras del Tajo están secas, pues se recurre al Tajo medio, y cuándo el PP vuelva al gobierno, se hará por Cañetes el trasvase del Ebro, cueste lo que cueste, y cuando el Ebro se acabe, el del Tajo Medio, el Duero, el Guadiana, y se acabará interconectando todas las cuencas, para llevar el agua de la España húmeda a la seca. Los nacionalistas hidráulicos no entienden de ecología, ni de economía, ni falta que hace. Lo suyo es la demagogia y la movilización permanente, el crear unas nuevas señas de identidad hidráulicas, que hagan olvidar todos sus fracasos, y su política real, la especulación urbanística y el enriquecimiento de unos pocos promotores, y utilizar a los agricultores de carne de cañón, imbuyendo en la población un sentimiento de agravio y victimismo. Es curioso que el presidente de los “regantes” del Vinalopó, Andrés Martínez, sea el promotor de un campo de golf y 1.500 viviendas en Villena. No hace falta ser tan listo como Francisco Camps para intuir para qué quiere el trasvase del Júcar al Vinalopó por Cortes de Pallás, y porqué le indigna tanto a él, y al PP, el cambio del trazado. Dicen que el agua en Cullera está contaminada y no sirve para las promociones golfistas del presidente de los regantes del green.

José Santamarta es director de la edición española de la revista World Watch

¿De quién es el agua?

El agua, como recuerda la ministra Cristina Narbona, es un bien público y es de todos, y por eso no tiene precio, es un derecho humano básico. Cuando hablamos del precio del agua nos referimos a los importantes costes que supone captar, almacenar, distribuir y depurar el agua una vez utilizada, sin contaminar y degradar los ríos, el litoral o los acuíferos. La Directiva Marco de la Unión Europea nos obligará a repercutir todos los costes en los usuarios finales. Otra cosa bien diferente es quien gestiona el agua y el debate suscitado con los nuevos borradores de los Estatutos de Autonomía, como el de la Comunidad Valenciana y Cataluña, entre otros. Nuestro ordenamiento jurídico es meridianamente claro al respecto: en los ríos que discurren por varias autonomías existe la Unidad de Cuenca, y es el Gobierno quién gestiona las cuencas que discurren por varias regiones, a través de las Confederaciones Hidrográficas. Ningún territorio puede “blindar” un río que discurre por varias Comunidades Autónomas, y aún menos puede reclamar o exigir el trasvase desde otra cuenca, como pretenden dos de las regiones gobernadas por el PP, Murcia y la Comunidad Valenciana. La competencia sobre los trasvases corresponde al gobierno, que se guía por criterios de solidaridad y responsabilidad. Por eso se suspendió el trasvase del Ebro, y tarde o temprano habrá que reconsiderar el trasvase del Tajo, como reclaman todos los partidos y fuerzas regionales de Castilla-La Mancha, una vez que se solucionen las carencias de las áreas receptoras con desalinizadoras, reutilización de aguas residuales y mejora de la eficiencia, proceso que durará unos cuantos años. El agua es de todos, pero tiene muchos usos, desde los más prioritarios, como el abastecimiento de boca o urbano, que apenas representa un 15%, el abastecimiento industrial (un 7%) y el riego de la agricultura (cerca del 78%). El Ministerio de Medio Ambiente trata de poner orden y frenar el descontrol, como el ocasionado por los numerosos pozos ilegales (se habla de medio millón, pero es difícil saber la cifra exacta), que sobreexplotan los acuíferos, y detraen para un uso particular un recurso que es de todos. Conocer bien quién consume el agua es clave para una buena gestión.

José Santamarta es director de la edición española de la revista World Watch

El problema del agua en España

“El agua calienta más que el fuego y emborracha más que el vino”. Manuel Lorenzo Pardo. Alicante, 1933.

España acaba de pasar por la peor sequía del último siglo. ¿Cambio climático o episodio natural? Probablemente sería pronto para decirlo, pero lo cierto es que el último año hidrometeorológico, que abarca desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 31 de agosto de 2005, pasará a la historia por haber sido el más seco en España desde que se inicia el cálculo de volúmenes de precipitaciones en 1947. La precipitación media en España ha sido de tan sólo 411 mm, un 40% menos que el valor medio normal, afectando a todas las regiones, excepto a Canarias. El mayor déficit de precipitaciones se registró en Extremadura, Andalucía, Castilla-la Mancha, Madrid, Cataluña y el sur de Castilla y León, en donde no llegaron ni al 50% de los valores normales, y en numerosas zonas apenas se llegó al 35% de los valores medios. En el resto de España el déficit fue importante, excepto en la vertiente cantábrica, sur de Galicia, La Rioja, Navarra, este de Aragón, centro y norte de Valencia, sur de Murcia y este de Almería, aunque sin llegar a los valores normales. Pero tan importante como el déficit global, fue el reparto a lo largo del año, pues en el último año todos los meses fueron secos o muy secos, excepto octubre de 2004. Y a medida que pasaron los meses, las reservas acumuladas en los embalses han ido descendiendo hasta el 40%: en septiembre almacenaban sólo 22.037 Hm3, frente a los 31.552 Hm3 de hace un año. Las lluvias de otoño es probable que pongan fin a esta situación extrema, pero la sequía volverá, porque es un fenómeno cíclico, que se verá agravado por el cambio climático. Otro factor a destacar es que la situación pudiera agravarse aún más, pues históricamente las sequías en España duran de 4 a 5 años, y de ahí la importancia de aplicar políticas de ahorro y eficiencia en todos los usos, desde los regadíos, que representan cerca del 80% del consumo, a los usos urbanos.

José Santamarta es director de la edición española de la revista World Watch