Recordando la LOCE III
¿Ciudadanos o creyentes?
Este es uno de los dilemas políticos que plantea el acceso a la modernidad en cuanto a los sujetos ideales que precisa el Estado liberal y democrático para existir, y que vuelve a estar planteado -y mal resuelto- en nuestros días por el Gobierno del PP, que se olvida de que está al frente de un Estado no confesional y de derecho (a pesar de insuficiencias de bulto y de residuos del pasado) y que gobierna a ciudadan@s y no a creyentes (aunque muchos ciudadanos puedan ser también creyentes), para prestar oídos a las persistentes peticiones de la Conferencia Episcopal, que no cesa en sus intentos de reconducir a la sociedad española hacia ese régimen político que añora, que es el reino cristiano medieval.
En un interesante artículo sobre este asunto [“Por encima de las leyes”, El País, 1 de junio, 2002, p. 13], Gregorio Peces-Barba sostiene que en el fondo de esta actitud de la Iglesia late la reafirmación del agustinismo político: la diferente dignidad de creyentes y no creyentes que se desprende del agustinismo político, tan arraigado aún en la doctrina de la Iglesia, o la desigualdad entre hombres y mujeres y entre jerarquía y fieles, son elementos decisivos en la persistencia del modelo premoderno.
La dualista doctrina [quizá habría que decir que es maniqueísta, pues todavía conserva esa tajante oposición entre el bien y el mal tan propia de éste, a pesar de que Agustín había renunciado a tal doctrina a los 21 años] sobre las dos ciudades, por la que Aurelio Agustín (Agustín de Hipona o San Agustín) atribuyó la decadencia de Roma a su carácter pagano, a su desconocimiento del verdadero Dios, sigue siendo en nuestros días la piedra angular de la postura política de la Iglesia. Frente al orden humano, representado por la ciudad terrenal, imperfecta, perecedera, injusta e impía (civitas diaboli) -que mientras más ambiciosamente pretende reinar con despotismo, por más que las naciones, oprimidas con su insoportable yugo, le rindan obediencia y vasallaje, el mismo apetito de dominar viene a reinar sobre ella, escribe el santo [La Ciudad de Dios (antología filosófica), Barcelona, Orbis, 1985, p. 22.]- se alza la ciudad justa, imperecedera, perfecta: la Ciudad de Dios (civitas Dei).
Lector de Cicerón y conocedor de los avatares políticos de Roma, Agustín señala que allí donde no hay justicia -¿Cómo puede haber justicia fuera del verdadero Dios?- no puede haber correcto gobierno de los asuntos comunes, res publica. En Roma no hubo justicia, no pudo haberla, por eso cayó aquella civilización, y con ella la posibilidad de que el cristianismo, convertido en religión del Estado desde el edicto de Milán en el año 313, se extendiera, porque en las reflexiones de Agustín también se puede hallar un reproche al imperio romano, al que tan acerbamente critica, por ese papel que pudo haber cumplido -y no cumplió- en la expansión de la doctrina cristiana. El saqueo de Roma por el visigodo Alarico, en el año 410, es para Agustín el signo más evidente de la impotencia de una Roma moribunda y el origen de su reflexión sobre las dos ciudades. Agustín escribe La Ciudad de Dios en respuesta a los paganos, quienes acusaban a los cristianos de que su dios -el verdadero- no había sido capaz de proteger a Roma del saqueo de Alarico.
La teoría de las dos ciudades, de las dos sociedades o comunidades, la de Dios y la terrena, señala las dos tendencias -Dios y Satán-, las dos apetencias entre las que se debaten los humanos, y la actuación de la Iglesia, que representa a la ciudad de Dios en la ciudad de los hombres. Así, pues, todo gobierno humano es impío -civitas impiorum-, pero la intervención de la Iglesia, como instrumento de la Ciudad de Dios, puede atemperar los excesos o carencias de la humana res publica. Por tanto, la Iglesia se convierte en un componente esencial del orden político para lograr un gobierno más justo; no justo del todo, porque todo lo humano es imperfecto, pero sí más justo que si faltase la acción de la Iglesia. De acuerdo con ello, para la Iglesia, el mejor ciudadano es el creyente, el mejor gobierno es el católico y el mejor Estado es el confesional, y todos sus pasos van encaminados a lograr esos objetivos.
Ni que decir tiene que la Conferencia Episcopal española persigue sin desmayo dichas metas y que uno de los mejores caminos para conseguirlo es conservar, y si esposible aumentar, como es el caso, su influencia sobre la sociedad, especialmente sobre quienes disponen de menos criterios para rechazarla: los niños y los jóvenes. Lo curioso del asunto es que se vea apoyada en tales propósitos por decisiones gubernamentales de un partido que se dice de “centro” y que se permite impartir lecciones de democracia y fe constitucional.
Si el repentino “patriotismo constitucional” del PP no fuera mera retórica o un arma arrojadiza contra los partidos nacionalistas sino un sentimiento sincero, la defensa y propagación de los valores constitucionales sería una de las preocupaciones de un gobierno que sabe -o debería saber- que la legitimidad del sistema reside en la multiplicación y profundización de la figura del ciudadano, el cual debe comenzar su educación cívica en la cuna, en la escuela, para ir acompañándole a lo largo de toda su vida. Pero no hay tal, porque el PP ha salido del dilema antes planteado -ciudadanos o creyentes- con una fórmula original -ciudadanos pero muy creyentes- y actua conforme a ese híbrido modelo.
Las iniciales resistencias de Alianza Popular a aceptar la Constitución (la mitad de sus diputados votó en contra en el Congreso y el mismo José María Aznar se manifestó públicamente en el mismo sentido al poco tiempo) y la interpretación, sesgada y cerrada a cualquier cambio, que después el PP ha hecho de ella dejan traslucir la postura conservadora de la derecha española y su antigua afición a apoyarse en poderes extraconstitucionales -poderes fácticos-, de los cuales el ejército está, por fortuna, bastante desmotivado en cuanto a su papel interior, pero la Iglesia católica sigue siendo un poderoso valladar contra la modernidad, contra la democracia, contra el Estado laico, contra la participación popular; contra la autonomía de los ciudadanos, contra la libertad personal, contra la investigación y el desarrollo de la ciencia y el conocimiento, contra los movimientos de inspiración socialista y, muy especialmente, contra la igualdad de derechos de las mujeres y de las minorías sexuales. En los dos últimos siglos, la Iglesia católica ha sido el apoyo más firme y duradero -más que el ejército y que el capital, que en ocasiones se han dividido- que ha tenido la derecha española. De ahí que el gobierno que la representa pretenda seguir alimentando con fondos públicos semejante sostén, bien directamente o promoviendo a personas de su confianza. En este sentido, y dentro de la reestructuración prevista por la LOU, va la decisión del Gobierno de nombrar secretario general del Consejo de Coordinación Universitaria, máximo órgano de coordinación de las universidades, a José Raga, ex rector de la universidad privada San Pablo-CEU, asesor de la Conferencia Episcopal y miembro de la Asociación Católica de Propagandistas.
En el orden económico, el PP postula el darwinismo social, pues defiende el individualismo, la competencia (sobre todo entre pobres y trabajadores), la lucha atroz por el éxito en la vida expresado como fama, poder y dinero, la obtención del beneficio por encima de cualquier otra consideración económica, el despotismo del mercado (pero sobre todo el del monopolio), el apoyo del Estado a los más fuertes, al empresario, al financiero (cuando no al corrupto), a los mejor dotados y a los mejor colocados y, como colofón, la administración del mundo así concebido realizada por una exigua minoría de privilegiados.
Al mismo tiempo, achaca los pavorosos resultados de estas insolidarias medidas a los propios afectados por ellas, culpando a los trabajadores, a los débiles, a los parados, a los marginados y a los excluidos, que cada día son más, de su planificado desamparo.
En una sociedad concebida con semejante diseño -un capitalismo salvaje pero católico-, la función atemperadora de la Iglesia (aunque no sólo de ella) se vuelve más necesaria cada día que pasa para evitar expresiones de rebeldía, estallidos de violencia, respuestas colectivas de los perjudicados o la subversión del (des)orden establecido. Para impedir, en definitiva, que se vaya abriendo paso la idea de que no sólo es posible sino necesario cambiar radical y urgentemente el sistema económico y, en consecuencia, el político. La fórmula parece válida para otros continentes. Como una de las medidas destinadas a neutralizar a los movimientos de resistencia popular y la influencia de la católica teología de la liberación, el Gobierno de EE.UU. ha estado impulsando la penetración de iglesias conservadoras en América Latina. Véase, por ejemplo, la obra de Ana María Ezcurra (1982): La ofensiva neoconservadora. Las iglesias de USA y la lucha ideológica hacia América Latina, Madrid, IEPALA.
En esta situación, la labor que se espera de la Iglesia es ingente, pues debe justificar la rapiña del poderoso, tranquilizar la conciencia del rico y fomentar la caridad para paliar el asimétrico reparto del excedente social, pero, sobre todo, evitar la rebelión del pobre predicando la mansedumbre, combatiendo la ira o la impaciencia del oprimido o del excluido con la paciencia de Job, haciendo compatibles la miseria y la resignación, el paraíso fiscal y el paraíso celestial, la igualdad en la fe y la desigualdad en la renta, la voluntad de Dios y la voluntad del empresario, el poder del mercado y la voz de la conciencia. En medio de un egoísmo atroz, debe difundir valores comunes y solidarios, y ante una riqueza insultante, acumulada cada vez en menos manos (entre ellas las de la propia Iglesia española, de la que hemos sabido recientemente que, además de los 15 millones de euros perdidos en Gescartera, ha perdido otros 2,5 millones de euros en diversas operaciones de bolsa), debe defender la suerte de ser pobre y, por lo tanto, bienaventurado, predicar la piedad, pedir la oración y hacer creíble que una vida en este mundo indigna de tal nombre tiene asegurada como recompensa una vida mejor en el otro.
Esta es la labor que el Gobierno, cuya gestión económica es de las más insolidarias y duras de Europa, espera de la Iglesia, que aporta un credo, pero debe fabricar creyentes y desacreditar, de paso, los valores laicos y el pensamiento crítico.
El éxito de este proyecto adoctrinante está en aumentar de modo considerable el número de personas que crean en el mensaje político de la Iglesia, que es el siguiente: que este orden (in)humano es la consecuencia de una falta remota -el pecado original cometido por los primeros seres humanos (Adán y Eva)- que alteró el orden perfecto de la divina Creación. A nadie cabe, entonces, culpar de nuestra desventura -mucho menos a Dios (todo justicia, todo bondad)- más que a nosotros mismos. Somos los humanos quienes somos crueles, inconstantes, ignorantes y falibles en lo que pretendemos. No puede haber, por tanto, sociedad perfecta: todas son imperfectas, injustas y crueles en algún grado; sólo la moderadora acción de la Iglesia puede contribuir a mejorar el conflictivo orden humano mejorando a los individuos. No hay liberación política colectiva, ni sociedad igualitaria, ni emancipación humana de la crueldad, del despotismo y de la ignorancia, y la libertad es sólo un sueño. Nada queda, salvo la esperanza de obtener, como una gracia, la redención individual conseguida con el personal esfuerzo y la asistencia del magisterio de la Iglesia. No puede haber rebelión eficaz ni armonía duradera, porque no podemos rebelarnos contra lo que está determinado por nuestro pecado de origen; no queda, pues, más remedio que aceptar nuestra pequeñez y dejarnos guiar por quien es depositaria de la Verdad del único y todopoderoso Dios: la Iglesia católica.
Frente a esta terrorífica y estática visión podemos ofrecer otra, que parte también de que seguimos siendo humanos, profundamente humanos y limitados, y que nos hallamos todavía lejos de la realización de los sueños que han alimentado la imaginación de todos aquellos que han concebido la Edad Moderna como una nueva era, en la cual los seres humanos podrían llegar a desplegar sus potencialidades, desprenderse de la ignorancia y la superstición y alejarse de su naturaleza animal. Sin embargo sigue latiendo el impulso renovador que alienta en la modernidad, pues, ante el sofocante mensaje de la tradición, el discurso fundamental de los pensadores modernos asevera que las sociedades humanas no están hechas para siempre; no están creadas y definitivamente configuradas por una voluntad superior -divina- o anterior -tradición-, sino que se pueden configurar en buena medida por los deseos humanos, que además se perciben como históricos y cambiantes. Por ello, el ciudadano moderno es potencialmente un coloso, un ser de talla excepcional que puede elevarse de lo natural a lo cultural, de la servidumbre a la soberanía, de la pasividad ante el mundo a la actividad transformadora de éste, de su condición de criatura a su propósito de ser creador de un orden social distinto [ver el capítulo “Muerte de la pasión política”, que se detiene más largamente en la figura del ciudadano moderno, publicado en la obra colectiva Imaginación democrática y globalización, Madrid, Libros de la catarata, 2001].
En nuestro país, a pesar de las muchas y persistentes resistencias encontradas, hemos avanzado algunos pasos para que los súbditos se puedan convertir en ciudadanos, en miembros de la comunidad política, pero las fuerzas más activas de la reacción -la Iglesia y el PP- pretenden que desandemos el camino recorrido.
José M. Roca
