Recordando la LOCE IV
Catecismo o Constitución
Como hemos dicho, para la Iglesia católica, que se considera portadora de la Verdad Suprema, eterna e indiscutible, todo lo humano es imperfecto, perecedero y discutible, y todo aquello que ha configurado el orden temporal -el saber, la ley, el derecho, la ciencia, la técnica, la cultura, el arte...- y expresado las reales dimensiones de las sociedades humanas lo ha considerado de escaso valor -cuando no un error- si no estaba respaldado por su doctrina. Hasta fechas relativamente recientes ha sido la Iglesia la que ha conferido legitimidad al poder político, la que ha concedido valor a la cultura y al arte, la que ha avalado a la ciencia, la que ha otorgado función al saber, la que ha sancionado la ley...
En Europa y América, la modernidad ha consistido en gran parte en ir reduciendo los ámbitos de influencia de la Iglesia católica, en ir arrebatándole territorios -incluso físicos o geográficos- bajo su custodia, en ir rebajando sus muchos poderes para transferirlos al poder político, a las instituciones civiles, a la sociedad, y en hacer de la creencia religiosa un asunto privado, de conciencia, no un asunto de Estado. Y hoy, aunque la influencia de la Iglesia sea escasa o nula en algunos campos -la cultura, el arte, la filosofía-, en otros -la moral, el derecho o la política- no renuncia a seguir ejerciendo su magisterio, por muy alejados que estén los problemas planteados de su real capacidad de comprenderlos, como ocurre en el caso, paradigmático, de la ciencia.
En España, por razones históricas conocidas, hemos tardado mucho tiempo en librarnos de la férula de la Iglesia y aún así lo hemos conseguido de forma bastante incompleta, por ello resulta muy alarmante que el partido gobernante establezca nuevos lazos y fortalezca los ya existentes entre la Iglesia y el Estado, aunque José María Aznar, en un encuentro con obispos y cardenales [Congreso “América Latina y la Unión Europea: juntos por el bien común universal. Contribución de la Iglesia”, que ha congregado en El Escorial a más de un centenar de cardenales, obispos, arzobispos, pensadores y políticos católicos] lo llamase “separación con cooperación”. En ese mismo lugar, el cardenal Rouco señaló que desde hacía más de diez años la Conferencia Episcopal había venido reclamando una reforma en la enseñanza de la religión católica y que el proyecto del ministerio de Educación le parecía muy satisfactorio.
En el que parece un inacabable proceso de separación de la Iglesia y el Estado, el paso atrás dado por el Gobierno es importante -rendición del Estado, lo llama Peces Barba-, pues no sólo no se ha sacado la enseñanza de la religión católica de la escuela pública para confinarla en las parroquias, sino que se ha reforzado su enseñanza y, por ende, la enseñanza de otras religiones, con lo cual se carga en la cuenta del erario público el coste de unos intereses particulares que es de esperar que aumenten, pues el mismo derecho a recibir enseñanza religiosa en el colegio público tienen los niños católicos, que los protestantes, los mahometanos o los judíos, por poner sólo esos casos. Y esto sin contar con que ese aparente ecumenismo puede convertirse en una nueva fuente de conflictos, de xenofobia o de fundamentalismo. Recordemos el conflicto planteado por el deseo de las niñas musulmanas (o de sus padres) de asistir a clase cubiertas con un pañuelo (hiyab). Y con la misma razón con que demasiados profesores y directores mantienen, contra viento y marea, símbolos católicos (a veces junto a símbolos franquistas) en las aulas de los colegios públicos, los padres de otros niños pueden exigir que se exhiban símbolos de otras religiones. Lo cual no sería una muestra de ecumenismo, sino del creciente peso que adquieren las religiones en nuestra sociedad y del retroceso que experimenta el cultivo del laicismo, de la razón, el agnosticismo y el pensamiento crítico, que no cuentan con una asignatura específica ni con símbolos representativos en las aulas. Véase, por ejemplo, “Las cruces de la escuela pública”, El País, 11 de marzo, 2002, p. 38.
Por otra parte, no parece razonable que para elevar la categoría de la religión en el currículo escolar al hacer de ella una materia evaluable y computable, haya que hacer lo propio con otra materia. Carece de sentido pensar que porque haya padres que quieran cargar a sus vástagos con una materia computable más, se obligue a otr@s niñ@s a aceptar otra materia en las mismas condiciones. En este aspecto, el Tribunal Supremo ya señaló en su momento que el derecho de un@s alumn@s a recibir clases de religión no podía suponer en otr@s alumn@s la obligación de recibir clases de otra materia en las mismas condiciones, lo cual nos hace pensar en épocas donde imperaba una Iglesia vengativa, pues, antes que una medida equilibradora en el currículo, parece más bien un castigo eclesiástico a aquellos que rechazan la catequesis con examen y nota.
El que la asignatura alternativa y obligatoria a la religión sea la de valores cívicos es añadir un disparate a otro, porque, si dichos valores se consideran importantes, no se perciben razones de peso para privar de ellos a l@s alumn@s de religión. Es más, dado que la enseñanza religiosa que van a recibir por parte de profesores seleccionados por la Conferencia Episcopal está más orientada a propagar los dogmas y la moral del credo católico y a ganar adeptos que a exponer una visión del cristianismo como fenómeno histórico o sociológico, la asignatura de valores civiles debería estar particularmente recomendada a estos escolares.
Sobre este asunto, Fernando Savater en un artículo reciente [“Amén”, El País, 23 de mayo, 2002, p. 13.] opinaba lo siguiente: Si el mantenimiento de la asignatura confesional de religión es bochornoso y grotesco, en nada mejora proponerle como alternativa obligatoria una asignatura de valores cívicos. ¿Acaso no la necesitan también los que opten por el catecismo?¿Equivale el adoctrinamiento eclesial a la formación ciudadana? Porque ahí está realmente lo más grave del asunto.
Efectivamente, ahí está el quid de esta cuestión. ¿Cómo puede pensar la ministra, y en definitiva, el Gobierno, que en un sistema democrático pueden ser equiparables los valores civiles y la moral católica? ¿Cómo puede creer que son equiparables la Constitución y el catecismo? ¿Cómo puede esperar que una institución como la Iglesia católica española, que ha sido de las más resistentes del mundo a aceptar los valores modernos y que ha apoyado hasta el último momento (y más allá) a un régimen político que la convertía en pieza esencial de una dictadura, imparta valores cívicos y derechos democráticos? ¿Cómo puede esperar que una institución cuyo patriotismo constitucional está por demostrar difunda los valores constitucionales? ¿Cómo puede esperar que la Iglesia explique valores y virtudes cíviles con los que casi cada día se muestra en desacuerdo? ¿Cómo puede confiarse -se pregunta Savater- en las aptitudes educativas para formar ciudadanos demócratas de un clero empeñado en que el Estado financie e imponga su particular catecismo, invocando para ello un concordato que se remonta a los acuerdos entre la teocracia vaticana y la dictadura franquista?
Estas preguntas no obtendrán respuesta, pero son útiles para señalar las muchas y muy profundas contradicciones del Gobierno en esta materia. Evidentemente, la ministra, el Gobierno y el PP no son tontos, ni sordos ni ciegos, sino ricos (algunos muy ricos) y, sobre todo, católicos a la vieja usanza y saben perfectamente lo que representa en España la Iglesia católica; por eso pretenden confiarle la (imposible) tarea de educar en valores cívicos y democráticos a l@s ciudadan@s de mañana. ¿Quiere eso decir que son incongruentes y que han escogido una mala maestra? No; quiere decir que el PP tiene su origen en restos políticos del franquismo, que durante la transición frenó las reformas siempre que pudo, que la mitad de sus diputados votó contra la Constitución cuando se aprobó en el Congreso y que su actual presidente poco después escribía contra ella, y que no hace tanto tiempo (como recordaba hace poco un programa de televisión) se mostraba orgulloso de ser de derechas; en definitiva, que a un partido tejido con esos mimbres le importan poco la democracia -son demócratas a rastras-, los valores cívicos y aun los ciudadanos, porque lo que quiere son disciplinadas gentes de fe.
De llevarse adelante el proyecto, y todo hace temer que será así, tendremos que en las mismas escuelas una minoría de escolares recibirá una educación que les hable de la democracia como de un sistema humano y perfectible, del respeto a las mayorías, de la igualdad ante las leyes, de la evolución de las costumbres, de la importancia de la razón y del derecho, del valor de la tolerancia con los que son distintos y de las ventajas de la convivencia por encima de diferencias de sexo, de raza o de religión, mientras que la mayoría de sus compañeros habrá recibido la visión de un mundo maniqueo dividido entre católicos y no católicos, en justos y pecadores; habrán sido adoctrinados en la intolerancia de la Iglesia hacia quienes se apartan de su estrecha moral y verán como nocivas cosas tan habituales como el divorcio, las parejas de hecho, el derecho al aborto o a la libre sexualidad, verán como natural el papel subordinado de la mujer y recibirán con prevención normas jurídicas que no estén al servicio de Dios, es decir de la Iglesia.
Unos alumnos habrán sido instruidos para ser (sólo) ciudadanos y otros habrán sido educados para ser santos, o para vivir con la culpa de no serlo. Las escuelas públicas y los institutos realizarán una labor contradictoria, pues lo que se imparta en un aula se rebatirá en la de al lado. ¿Puede denominarse proyecto de Estado éste que planifica una suerte de esquizofrenia social a largo plazo? ¿Puede llamarse moderno un proyecto de formación pública que va a reproducir artificialmente una vieja división ideológica, que podría y debería ser evitada? ¿Puede llamarse sensata una ley educativa que condena a la escuela pública a realizar una extenuante labor -tejer y destejer simultáneamente- semejante a la de la legendaria Penélope?
José M. Roca
