Juan A. Blay, Madrid. corresponsal

Los grupos socialista y popular en el Congreso de los Diputados presentarán finalmente un total de 15 enmiendas al texto de reforma del Estatuto valenciano. Lo harán de forma separada pero con idéntica redacción, según explicaron ayer a este periódico fuentes parlamentarias. La mitad de ellas, seis o siete, tienen como objeto eliminar los aspectos de posible inconstitucionalidad de la redacción original.

La delimitación de los aspectos susceptibles de ser enmendados para descartar cualquier roce con los criterios de la Carta Magna ha sido acordada durante este fin de semana entre Cipriá Ciscar y Federico Trillo, ponentes de sus respectivos grupos y miembros de las comisiones negociadoras.

En las negociaciones, agregaron las fuentes consultadas, han participado también los portavoces parlamentarios del PP, Serafín Castellano, y del PSPV, Joan Ignasi Pla, en las Cortes Valencianas. «En todo momento se ha querido cuidar el consenso entre ambas formaciones políticas sobre esta reforma estatutaria», explicaron.

Del grupo de 15 enmiendas planteadas al menos seis abordan aspectos que habían despertado preocupación por su posible inconstitucionalidad. Un informe interno del Ministerio de Justicia, conocido el pasado viernes, cuestionaba la redacción de varios artículos del apartado relativo a la administración de Justicia.

También existían reticencias sobre la literalidad de las referencias a los derechos históricos para recuperar el derecho civil foral valenciano. Estas enmiendas que varían el «fondo» de los aspectos de dudosa constitucionalidad afectan a los artículos referentes a los derechos sobre las aguas, la zona marítimo-terrestre y la ordenación de playas, la coordinación entre la administración de la Generalitat y el Estado, las relaciones entre la Generalitat y los municipios, la administración de Justicia y la apelación a los derechos históricos. Concretamente, las enmiendas se plantean a los artículos 17.1 (aguas), 51.1.9 (zonas marítimo-terrestres y playas), 59.3 (coordinación institucional), 64.4 ( comisión mixta Generalitat-municipios), al apartado de la administración de Justicia y a la disposición Transitoria Tercera (derechos históricos para recuperar el derecho civil foral valenciano), según explicaron fuentes parlamentarias.

Ciudadanos valencianos

En la primera de ellas se especifica que los derechos corresponden a los «ciudadanos valencianos» en lugar de la referencia al territorio, además de adecuar la redacción a la normativa estatal. En la enmienda al segundo de los artículos también se hace salvedad de las competencias que corresponden constitucionalmente al Estado en las zonas marítimo-terrestres.

Los dos aspectos más delicados que pretenden superar las enmiendas son los referentes a la administración de Justicia y la apelación a los derechos históricos. En el primer caso la enmienda deja claro que la creación de juzgados corresponde al Consejo General del Poder Judicial y no a la Generalitat, quien sin embargo podrá informar y proponer la modificación de la planta judicial.

Sobre los derechos históricos la enmienda deja claro que únicamente se refiere a la recuperación del derecho civil privado valenciano, existente en los fueros del antiguo Reino de Valencia y que fue derogado mediante el decreto de Nueva Planta tras la guerra de Sucesión, a principios del siglo XVIII. Habrá una referencia explícita a su adecuación a la Constitución.

Los negociadores volverán a reunirse hoy en el Congreso para la redacción final de las enmiendas, especialmente en estos dos puntos más delicados. El resto de enmiendas, entre siete y ocho, son meramente técnicas, de redacción. Una de ellas refunde en un artículo conceptos repetidos en el texto original.