COMPARACIÓN DE LOS MODELOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL PARTIDO POPULAR Y EL PARTIDO SOCIALISTA

Ayer Ignacio Astarloa anunció a bombo y platillo un nuevo plan de seguridad impulsado por las cabezas pensantes de Génova basado en dos ejes principales: más policia en las calles y reforma del Código Penal para que se tipifiquen nuevos delitos. Ambas cosas se han hecho bajo el gobierno de Zapatero. Ambas cosas no se hicieron bajo los gobiernos de Aznar, cuando Nacho, Angel y Marianín eran sucesivamente responsables de Interior. Las pruebas de que la bravuconería de estos señores roza la indecencia a continuación. Abran boca con el video del PP y después deleitense con los datos que desenmascaran una vez más a los populares.

Video del PP

CIFRAS

Gasto Público en Seguridad.

PP: Durante los gobiernos de Aznar el gasto del Estado, el esfuerzo presupuestario público en seguridad ciudadana cayó considerablemente. Pasó de suponer en 1996 el 0,63 a situarse en el 0,49 del PIB en 2004. Una caída, prácticamente, del 20 por cien en los recursos dedicados a seguridad.

PSOE: El gasto en seguridad pública, en términos de Producto Interior Bruto, ha pasado del 0,49 por ciento al 0,58; es decir, ha aumentado un 18 por ciento. El Presupuesto de Gastos del Ministerio del Interior crece en 2006 un 10,2 por 100, lo que se traduce en crédito total por importe de 6.618,08 millones de euros.

Plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil: efectivos.

PP: Otro rasgo que caracteriza la política de seguridad del PP, fue la disminución continuada del número de Agentes de Policía del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. En concreto, en Policía Nacional, se pasó de tener una plantilla de 52.000 en 1996 a menos de 44.000 en 2004. En 1996 había más efectivos de policía en la calle que en 2004 mientras crecíamos en algunos millones en población desde entonces.

PSOE: Las Ofertas de Empleo Público correspondientes a 2005 y 2006 han experimentado el mayor crecimiento de los últimos diez años. En sólo dos años 19.311 plazas creadas para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Las mismas que el Partido Popular en las seis ofertas de empleo de los años comprendidos entre 1996 y 2001.

PP vs PSOE:

Oferta de empleo público de Policía y de Guardia Civil: en 2001 se ofertaron 5.400 plazas; en 2002, 6.587; en 2003, 6.707; en 2004, 7.335. Y cuando llega este Gobierno, oferta pública de empleo: 9.600 plazas, cada año, para la Policía y la Guardia Civil, para recuperar el déficit que arrastrábamos de unas ofertas de empleo público insuficientes que deterioraron claramente la seguridad ciudadana.

Delitos y faltas.

PP: La evolución de la tasa de criminalidad, es decir, la evolución de los delitos y faltas conocidos en los años de gobierno del PP ha sido creciente. En términos absolutos, se pasó de un total de 1695.000 infracciones penales a más de 1985.000; lo que supone un crecimiento de la criminalidad conocida por las FCSE superior al 17 por cien. En términos relativos, el número de infracciones por cada 10.000 habitantes, pasó de estar en 3,9 en 1995 a 4,79 en 2002, lo que supone un incremento del 20,9 por ciento.

Es necesario considerar también que, el crecimiento general del número de delitos, supuso en particular el crecimiento de los delitos más violentos, que son los que más alarma social crean. Concretamente, se puede hablar de una muy clara tendencia al alza en los delitos contra las personas, que aumentan el 76 por cien durante los gobiernos Aznar. Pasando de 13.838 en 1995 a 24.364 en 2003. Dando una vuelta de tuerca más a la cuestión, y analizando el tipo de delitos, podemos comprobar que en materia de muertes violentas (homicidios y asesinatos) se pasó de 813 en 1995 a 1366 en 2003. Lo que supone un incremento porcentual del 68 por ciento.

PSOE: en 2005 los homicidios han caído un 3,6 por cien con respecto a 2004 y casi un 10 por cien desde 2003. (Concretamente, fueron 1279 en 2004 y 1233 en 2005, la cifra más baja desde 1999, recordad que en 2003 sumaron 1366). Los delitos contra el patrimonio han caído un 3,2 por cien. (Los hurtos, concretamente, han disminuido un 13,4).

Eficacia Policial.

PSOE vs PP:

En lo que a eficacia policial se refiere, dos datos. Uno, las infracciones esclarecidas han aumentado un 1,7 por cien respecto a 2004. Las detenciones han subido hasta los 130 detenidos por cada mil infracciones (delitos y faltas) conocidos. En 2003 esa tasa fue de 111. Los datos de 2005 son los mejores desde 1996. La lucha contra el crimen organizado, mediante los instrumentos específicamente creados (GRECO), arroja muy positivos resultados.

Las FCSE han desmantelado 290 grupos organizados, y han detenido a 3925 personas, un 15 por cien más que el año anterior. Globalmente en 2005 los delitos descendieron un 1,6 por ciento. Pero lo realmente importante para saber como estamos es que, la tasa de criminalidad en España se sitúa 20 puntos por debajo de la media de la Unión Europea (a 15). Siendo la tasa de criminalidad en la UE-15, 70 infracciones por cada mil habitantes y la Española, 49,5 infracciones conocidas por cada mil habitantes.

Políticas de inmigración.

PP: en 1996 cuando Aznar llegó al poder teníamos 542.000 inmigrantes empadronados en España; cuando dejó el poder la cifra superaba los 3.600.000, estimándose además que durante esos 8 años la inmigración ilegal ha llegado a suponer 1.500.000 de irregulares más respecto a 1996.

PSOE: El gobierno socialista apuesta por una política de reordenación eficiente de la inmigración desordenada e irregular heredada de los gobiernos Aznar mediante un proceso de regularización. A pesar de la reticencias en principio de la Unión Europea, una vez culminado el proceso de regularización empezaron a llover elogios por lo exitoso del mismo.

El comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, el checo Vladimir Spidla, afirmó que la regularización extraordinaria de trabajadores inmigrantes realizada por España arroja resultados «a la altura de las circunstancias» y constituye un ejemplo para el resto de Estados miembros. Estimó que la iniciativa del Gobierno español de regularizar a cerca de 700.000 inmigrantes que trabajan ya en España sin papeles, fue «muy valerosa» y se ha demostrado eficaz. «Desde mi punto de vista, los resultados están a la altura de las circunstancias. Deberíamos todos imitar a España», afirmó el comisario.

Aumento de los medios de vigilancia fronteriza y de las expulsiones.

Procesos de regularización.

PP: Los gobiernos de Aznar llevaron a cabo varios procesos de regularización, tantos y tan desorganizados que aún no sabemos cuantos fueron exactamente, si 4 o 5. En el año 2000, regularizaron a 163.352 personas; en tres procesos distintos, en 2001, regularizaron a 295.539 personas; y a través de los contingentes, entre 1997 y 1999, regularizan a más de 80.000 personas.

PSOE: Gracias al proceso de regularización tenemos a 700.000 inmigrantes que estaban en la irregularidad y que ahora cotizan y contribuyen a la caja de la seguridad social como cualquier otro español. ¿Qué se hace con 700.000 personas trabajando irregularmente en un país? ¿Podemos dejarles en la irregularidad? Es la opción que tomaron los gobiernos del PP. Lo único que consiguieron fue que los que llegaban trabajasen también irregularmente y, por lo tanto, sin tributar ni cotizar, potenciando la economía irregular y la competencia desleal frente a los trabajadores españoles o los extranjeros legalmente residentes.

PP vs PSOE:

La diferencia es que el proceso de regularización actual se ha basado en una serie de premisas que no se cumplían en los años Aznar: - No se revisaban los antecedentes penales de quienes solicitaron regularizarse, a pesar de su preocupación por la delincuencia; el proceso de normalización actual ha exigido la inexistencia de antecedentes en España y en su país de origen. - En esos procesos se contentaban con una oferta laboral que luego podía o no convertirse en contrato y que era objeto de tráfico entre los inmigrantes o por partes de redes de fraude; la normalización de 2006 ha exigido un contrato en vigor y alta en la Seguridad Social de manera ordenada, no desordenada, como se hicieron las anteriores, cuando gobernaban.

Esas regularizaciones que hicieron no significaban que aflorara la economía irregular, sino simplemente que se presentaran ofertas irreales; la normalización de 2006 ha elevado en más de 500.000 personas los cotizantes a la Seguridad Social porque se ha hecho correctamente.

Vigilancia fronteriza.

En los aeropuertos.

PP: En el año 2004 en los aeropuertos de este país había 823 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el control de nuestras fronteras.

PSOE: En el año 2005 en los aeropuertos de este país hay 1.279 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el control de nuestras fronteras.

PP vs PSOE:

Lo más grave es que del año 2000 al año 2004 en los aeropuertos de este país para el control de la entrada de extranjeros irregularmente pasamos de 858 a 823 agentes; menos efectivos en nuestros aeropuertos durante la última legislatura de Aznar. Así entraron esos centenares de miles de trabajadores a través de la irregularidad en nuestro país.

Unidades Específicas de Control de las Fronteras. (Francia)

PP: En el año 2004 había 141 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el control de esas fronteras.

PSOE: En el año 2005 hay 236 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el control de esas fronteras.

PP vs PSOE:

En el año 2000 bajó de 190 a 141 el número de empleados públicos para el control de la frontera en Francia. Los refuerzos y la eficacia policial permitieron aumentar en 2005 un 35,3% los inmigrantes rechazados en las fronteras. Los dispositivos de control y la colaboración internacional lograron reducir un 37,5% la presión migratoria en la frontera con Francia. Los rechazos en Barajas aumentaron un 40% y en Algeciras, un 143%.

Reformas Penales.

Ley del Menor.

PP: La Ley del Menor aprobada por el PP ha cumplido cinco años desde su aprobación, momento en el que resulta necesario y oportuno hacer un balance de aciertos y carencias. Los datos revelan un aumento de delitos especialmente graves (como homicidios o agresiones sexuales) cometidos por menores, que causan gran preocupación social.

PSOE: La reforma de la Ley del Menor impulsada por el gobierno socialista establece un endurecimiento de las medidas para los delitos más graves y así responder a nuevas realidades sociales como las bandas juveniles, el acoso escolar, así como medidas de protección a los menores que han sido víctimas de un delito contra su indemnidad sexual.

La nueva Ley del Menor que aumenta las penas hasta ocho años por violación o asesinato, permitirá a un mismo juez llevar todos los casos de un menor, pone el acento en nuevas formas de delito como las bandas juveniles o garantiza las cautelas en las declaraciones judiciales de los menores.

Reforma del Código Penal.

PP vs PSOE: La reforma del Código Penal (2006) introduce instrumentos más eficaces en la lucha contra la delincuencia organizada y los nuevos delitos, potenciando la protección a las víctimas. La modificación del Código Penal responde a un estudio acotado de las carencias y necesidades del Código anterior, en donde ha participado una comisión de expertos en Derecho Penal.

El Ministerio de Justicia ha reformado aquellas medidas que han demostrado ser poco efectivas e incluir otras que den respuesta a nuevos hechos delictivos. Así, algunas de las medidas anunciadas durante la legislatura anterior para afrontar la inseguridad ciudadana, que se plasmaron en las reformas de 2003, han resultado ineficaces:

1. Se refuerza la seguridad ciudadana, endurece el castigo al delincuente profesional e introduce instrumentos más eficaces en la lucha contra la delincuencia organizada y los nuevos delitos, potenciando la protección a las víctimas.

2. La protección de los derechos de los menores se refuerza, se recuperan medidas alternativas a la cárcel y que están dando buen resultado en otros países y se actuará con mayor contundencia frente al profesional del delito.

3. Dentro de la lucha contra el crimen organizado, se introducen nuevos delitos y los jueces podrán decomisar el patrimonio del condenado que se presuma que proviene de la actividad delictiva organizada y que no se corresponda con sus ingresos legales declarados. En este ámbito se establece una tipificación específica de la “asociación para delinquir”. El castigo por pertenecer a esta asociación delictiva se añade a la pena específica que corresponda por el delito concreto cometido.

4. En el campo de la seguridad vial, se adoptan nuevas medidas para reducir la siniestralidad que refuerzan la puesta en marcha del carné por puntos y siguen las directrices marcadas por la comisión parlamentaria creada a tal efecto. Delitos contra la seguridad vial: dentro de este ámbito se han valorado medidas que han resultado eficaces en otros países. Así, la persona que conduzca cuando el permiso le haya sido retirado por sanción administrativa o judicial será castigado con prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del carné de 1 a 6 años.

También se penalizará a quienes circulan con elevadas tasas de alcohol o a velocidades excesivas con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del carné durante un periodo de uno a cuatro años. También está previsto el comiso del vehículo, considerado un instrumento del delito, en los supuestos de conducción temeraria.

5. Se tipifican delitos basados en las nuevas tecnologías y el acoso laboral (mobbing). En esta misma dirección se propone la tipificación como delito de la actuación del testaferro, o de las llamadas “sociedades tapadera”, que pretenden, en realidad, ocultar los patrimonios de los verdaderos responsables penales.

6. Nuevo tratamiento a la reincidencia. Frente a los delincuentes reincidentes y habituales se incide especialmente sobre la ejecución de la pena. Este sistema, muy similar a los que funcionan en países como Francia, Alemania, Italia y Portugal, establece un severo paquete de medidas complementarias a la pena. Se opta por reducir los posibles beneficios que se podrían obtener si no se hubiera vuelto a delinquir: restricciones para acceder al tercer grado y a la libertad condicional. En estos casos el juez podrá, incluso, dictar una libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena.

7. Prescripción de delitos: se amplían los plazos de prescripción en el caso de los delitos menos graves, pasando de tres a cinco años. En los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social se amplían a diez años. Este nuevo plazo favorecerá su descubrimiento y persecución en casos como la corrupción que, a menudo, se detecta tras periodo de tiempo bastante prolongado.

8. Tráfico de droga: el nuevo articulado del Código Penal en esta cuestión recoge las previsiones comunitarias de una Decisión Marco, que agrava la sanción de la comisión de estos delitos por parte de los miembros de una organización delictiva.

Con estas medidas, desarrollados por el gobierno socialista. ¿Se puede hablar de permisividad? Si esto es permisividad, lo que teníamos durante los años del PP no se podría ni calificar. Astarloa no nos tomes por tontos.

La Sombra de Aznar

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