Por lo que se refiere a las condenas morales, vayan todas por delante: con el atentado de Barajas, ETA ha reconfirmado su carácter criminal, su desprecio por la vida humana -la excusa del aviso previo resulta tan indecente ahora como en el caso de Hipercor dos décadas atrás-, su falta absoluta de escrúpulos éticos. Desde el punto de vista moral -y, ni que decir tiene, penal- la única culpable de lo ocurrido en el aeropuerto madrileño es la banda terrorista.

Asunto distinto es el análisis político del proceso dramáticamente abortado el 30 de diciembre. El PSOE de Rodríguez Zapatero, que desde la oposición había sido el más entusiasta impulsor del acuerdo por las libertades y contra el terrorismo de diciembre de 2000, el PSOE que había votado a tambor batiente la Ley de Partidos Políticos de 2002, ese PSOE llegó al poder en la primavera de 2004 sin compromiso programático ni obligación alguna de cambiar la política antiterrorista que José María Aznar venía desarrollando tras la ruptura de la tregua de 1998-99 y desde la obtención de la mayoría absoluta. Aquella política que descansaba sobre cuatro pilares: la represión policial, el acoso judicial, la asfixia política y la criminalización de cualquier demanda independentista, autodeterminista, soberanista o nacionalista periférica en general, por pacífica que fuese.

Insisto: el PSOE no tenía contraída en esta materia ninguna hipoteca, nada parecido a la promesa de retirar las tropas de Irak, por ejemplo. Sin embargo, ya fuese por convicción sobrevenida o por táctica, el hecho es que el presidente Rodríguez Zapatero decidiera, una vez instalado en La Moncloa, desmarcarse de la política del big stick de su predecesor y buscarle un atajo negociado a la previsiblemente larga, sangrienta y dolorosa derrota de ETA a manos sólo de policías, jueces y funcionarios de prisiones. Y muchos le aplaudimos por ello.

Ahora bien, una vez que el Gobierno socialista escogió transitar por ese camino, la oposición airada y feroz del Partido Popular -de un PP encallado en el trauma del 11 de marzo- y de sus coros y danzas mediáticos más o menos enloquecidos, los dicterios de entreguismo, las acusaciones de traición a la patria, los anuncios sobre la inminente entrega de Navarra a las garras separatistas, la instrumentalización de las víctimas como arma arrojadiza contra el Ejecutivo..., todo esto era perfectamente previsible, formaba parte del guión. Permítanme trazar una analogía: cuando este mismo Gobierno decidió legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿acaso el PP no puso el grito en el cielo y no hubo en Madrid manifestaciones multitudinarias "en defensa de la familia" con acopio de obispos, curas y monjas, y no se publicaron pastorales apocalípticas, y no ha habido jueces refractarios a aplicar la nueva norma, y no se ha acusado a Zapatero de promover el libertinaje y hasta la zoofilia? Ello no obstante, el presidente se mantuvo firme en sus tesis, y la audaz reforma legal se llevó a cabo porque la mayoría parlamentaria así lo quiso, y el matrimonio homosexual está hoy en vigor sin mayores complicaciones.

Por el contrario, y pese a contar con el aval explícito del Congreso en su moción de mayo de 2005, la conducta del Gobierno en la búsqueda de un final dialogado de la violencia se ha caracterizado por la timidez, por el acomplejamiento, por la inacción ante las interferencias dolosas y las maniobras saboteadoras. Por un lado, era bastante inverosímil que el arsenal político y jurídico -Pacto Antiterrorista, Ley de Partidos, endurecimiento de penas hasta bordear la cadena perpetua...- desplegado por Aznar al servicio de su lógica de guerra y victoria pudiese servirle a Zapatero para sus objetivos de diálogo y paz; sin embargo, éste se ha negado sistemáticamente a cancelar o reformar aquellas disposiciones y acuerdos. ¿Por miedo, por cálculo, por falta de convicción en lo que estaba haciendo?

Al mismo tiempo, ha sido chocante ver, en coincidencia con la tregua y con los contactos entre el Gobierno y ETA, al grupúsculo ultraderechista Manos Limpias presentando querellas sólo para enrarecer el ambiente, y a algunos jueces admitiéndoselas gustosos, mientras otros condenaban a 12 años de prisión al etarra Iñaki de Juana Chaos por unas frases en un par de artículos escritos desde la propia cárcel. Se objetará que esto pertenece al dominio de la independencia judicial. Tal vez, pero ¿y la política penitenciaria? ¿Podría alguien explicarnos por qué, durante los nueve meses de alto el fuego, ni un solo terrorista preso ha sido acercado al País Vasco, cuando incluso Aznar movió a varias decenas en 1998-99?

Naturalmente, no tengo ni idea de si la excarcelación de De Juana una vez hubo cumplido su condena inicial, o algunos gestos en materia penitenciaria, podían haber evitado la tragedia de Barajas, pero sí sé que no hubiesen supuesto ningún "precio político", sino el mero cumplimiento de la ley. También creo que, mientras el Partido Popular, el patético señor Alcaraz y compañía acusaban a Rodríguez Zapatero de estar genuflexo y maniatado ante ETA, de quien el presidente estaba psicológica y moralmente cautivo era del chantaje del PP, de la AVT, de la radio episcopal, etcétera, que le han impedido bajo ruidosas amenazas tomar aquellas medidas públicas de distensión sin las cuales el proceso de diálogo tenía poco futuro.

La derecha, en coincidencia objetiva de intereses con la facción más montaraz y bestia de ETA, ha ganado pues esta batalla, y Zapatero ha descubierto dolorosamente que las tautologías y los buenos augurios no bastan para resolver un problema tan enquistado. El pasado 19 de diciembre, el inquilino de La Moncloa declaró: "Si el proceso de paz no sale bien, la responsabilidad es mía". A la vista de las últimas encuestas de intención de voto, tal parece que muchos ciudadanos ya han empezado a exigírsela.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.