Contra el pensionazo

Treinta años llevan advirtiendo “sesudos” expertos, “finos” analistas y políticos “responsables” de la presumible quiebra del modelo de Seguridad Social. Treinta años en el que periódicamente se predice la insostenibilidad del Estado del Bienestar.

Las razones o fundamentos que acompañan a estas estimaciones -abyectas por interesadas muchas ellas, fuertemente ideologizadas todas pese a su aparente pulcritud técnica- han sido denunciadas en más de una ocasión. Lo trascendente, empero, es que el transcurso del tiempo muestra y demuestra que, ante todo, son consideraciones erradas. Ni el sistema quebró en los ochenta, ni lo hizo en los noventa ni lo hará en las próximas décadas. Y no sucederá porque, como acertadamente señala Juan Francisco Martín Seco,

“la Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra sólo es concebible dentro de la quiebra del Estado, y el Estado no puede quebrar; todo lo más, acercarse a la suspensión de pagos, pero tan sólo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen más riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la actual crisis bursátil”.

Cuando los gurús del Neoliberalismo económico afirman que el aumento de la esperanza de vida y de los beneficiarios del sistema público de pensiones (más ancianos y durante más tiempo) conllevará un aumento del gasto público que el Estado no podrá asumir, obvian cuando no ocultan la posibilidad de que el aquél se financie no sólo a través de las cotizaciones sociales sino directamente mediante los impuestos, esos que curiosamente también se pretende reducir; ello sin perjuicio de que, como demuestra el catedrático Vinceç Navarro, parten de apriorismos fácilmente rebatibles, pues el crecimiento previsto del PIB durante los próximos 50 años en España supondrá a su vez un incremento de recursos que permitirán financiar ese mayor gasto.

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