La diversidad cultural, lingüística, territorial, paisajística… es la gran riqueza de España. La unión de las distintas comunidades autónomas por unos principios democráticos es su fuerza. Imponer la unión por la fuerza la debilita y amenaza resquebrajarse. Si no la quieren rota, quiéranla plural. Los tiempos del dominio centralista, mandando unos pocos y todos los demás resignados y obedientes, han concluido. La Constitución debe respetarse. Pero debe actualizarse. Fue fruto de un sabio compromiso en el que algunos mostraron un gran desprendimiento. Ahora no debe conservarse invariable a capa y espada… precisamente por quienes menos se adhirieron entonces a los acuerdos de autonomía para una mejor unión política, y aceptar así tantas cosas que tuvieron que aceptarse. Lo que se pretendía era poner fin a un Estado centralista unido por la fuerza y no por la voluntad de sus pueblos.
Si hubiera podido, hubiera participado en las manifestaciones del pasado día 10 de julio en Catalunya. De todas formas, mi espíritu se hallaba entre los centenares de miles de personas que acudieron a decir que no a quienes pretenden el peor de los nacionalismos, que es el centralismo uniformizador y gregarista.
En los países federales, una Nación consta de múltiples estados. Un Estado puede constar de múltiples naciones, territorios… En Estados Unidos, como su nombre indica, 51 estados forman la Nación norteamericana. ¿Por qué el Estado español no puede hallarse integrado por diversas comunidades autónomas como el País Vasco, el Reino de Navarra o la Nación catalana (sin necesidad de embozarse en el preámbulo)? Se quiere abarcar todo: Estado y Nación.
Si “no hay otra Nación que la española”, ¿no podrá haber otra “patria” que la española? ¿Deberán los asturianos dejar de cantar su mundialmente famosa Asturias, patria querida? ¿y los navarros dejarán de ser “Reino”… porque no hay otro Reino que España?
El Tribunal Constitucional (TC), después de cuatro largos años, con un Estatut cuya aplicación durante este periodo ha demostrado que España ni se rompe ni se separa, ha hecho pública –con grandes dificultades, como corresponde a su aberrante y periclitada composición– una sentencia con interpretaciones que permiten, a su vez, distintas interpretaciones.
La primera es que muchas de las cosas que prohíbe o restringe pueden resolverse legalmente por otros caminos. La segunda es que el TC no debe volver a actuar después de que una ley haya sido sancionada (siguiendo escrupulosamente los procedimientos establecidos) por el Parlamento, por las Cortes Generales y por el pueblo. La tercera es que la Constitución debería actualizarse de tal modo que, quizás, el TC no fuera necesario. La cuarta es que el recurso al TC de toda decisión parlamentaria que no conviene a un partido político, para intentar ganar así lo que se ha perdido democráticamente, debería reducirse a casos excepcionales. La quinta es que lo que debe reformarse no es el Estatut sino, seguramente, la Constitución.
Sí: estuve presente en espíritu en la manifestación de Catalunya. Para demostrar mi adhesión al Estado plural, a la España diversa, a la España federal. Y que conste que no estoy al lado de los que ahora, aprovechando las turbulencias del momento, expresan delirios soberanistas. Ahora precisamente, cuando la unión de las culturas es más importante y apremiante para los cambios radicales que la gobernación del mundo requiere. Ahora, cuando la ciudadanía local, bien arraigada, debe ser al mismo tiempo ciudadanía mundial activa.
Yo no iré nunca al lado de los que ambicionan a contracorriente, a contra-solidaridad planetaria, sacar votos aislacionistas de una Catalunya lógicamente disconforme que reclama soluciones y no mayores problemas.
Tampoco iré al lado de quienes miran ahora –como siempre– a otro lado, pero recurrieron el Estatut y recogieron cuatro millones de firmas contra la “patria del meu cor”.
Unos y otros, deberían levantar la visera y mirar hacia delante. Hacia lo que interesa realmente a Catalunya, a España, a Europa, al mundo. Están enfrascados en las próximas elecciones. Unos y otros –los independentistas y quienes han realizado tantas afrentas a Catalunya– son, a mi entender, irresponsables e incapaces para construir este futuro distinto que anhelamos.
Por favor, no inventen ahora el “enemigo”. No provoquen actitudes que son luego indebidamente juzgadas con severidad. A quienes deberían juzgar es a quienes incitaron, a quienes quieren seguir ahormando el futuro de los países con las pautas autoritarias y hegemónicas del pasado.
Tenemos que ir al fondo de las cuestiones y, en estos comienzos de siglo y de milenio, promover, a través de democracias auténticas en las que el poder realmente “emane del pueblo”, los cambios radicales que son exigibles.
Ahora es posible, gracias a la moderna tecnología de la comunicación, la participación no presencial. Ahora son posibles transformaciones de hondo calado si somos capaces de expresarnos y de escuchar. De dialogar, dejando que todos manifiesten sus puntos de vista, incluidos los diametralmente opuestos a los propios. Sin imposiciones, sin violencia, sin amenazas.
Una parte considerable de Catalunya ha hablado. ¡Escuchémosla! De la fuerza a la palabra, no me canso de repetirlo, es la gran transición. España, Estado plural. España, Nación de naciones. España federal.
"No dan respiro señores, no dan respiro. La España charanguera y de gomina, de rubias ceñidas y escupitajo, inculta y reaccionaria que desprecia cuanto ignora que es casi todo. La España nueva rica y hortera culturalmente miserable, inconsciente, cavernícola y fascista; amiga del pedo, el grito y el gargajo que no cesa en sus exabruptos contra Cataluña y su estatuto como antes lo hicieron contra el archivo de Salamanca, ¿recuerdan?. Documentos robados, que conste, y que tienen que devolver a sus dueños como corresponde. Esa España negra seguirá practicando el infundio y la agresión con tal de vilipendiar a esta nación, que lo es, por mucho que ellos no quieran. Si no consta en la Constitución lo de nación hay que cambiar la constitución porque está mal redactada. Ahí están los mamporreros perfumados aliados a los novios de la muerte, esa iglesia ultramontana y patética cargada de odio por todo lo que es vida; esparciendo mentiras, enfrentamientos, amenazas y blasfemias porque esa es la base de su telaraña mental. Irán al infierno por mucho que recen. Ahí están jaleadas por la verruga bigotuda, ese Martín Heidegger de Quintanilla de Onésimo Redondo, conocido demócrata creador de la central de pensamiento de las FAES y de las JONS. La verruga que el pueblo español echó de su cargo por falsario lameculos, humillante y babeante del poderoso americano que nos llevó al desastre de Atocha; casi 200 muertos y miles de heridos por su rastrerismo y prepotencia patética. Ahí está repartiendo su "catalán enano habla castellano", mintiendo nuevamente sin ningún tipo de escrúpulo, porque nos ha tomado a todos por idiotas, porque la idiotez es la base y esencia de su pensamiento. En fin, que todos juntos vayan a cagar a la playa que la mierda se las comerán las gaviotas a las que han cogido como símbolo. Pobres bestias"
¿Un millón, setecientas mil, quinientas mil personas?, en todo caso muchas, muchísimas personas han salido a la calle en Barcelona para mostrar su disconformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Todos los partidos políticos catalanes excepto el PP y Ciutadans se han sumado a la manifestación, en la que, sin olvidar el tiempo preelectoral en que se ha celebrado, ha predominado un sentimiento de hartazgo y de rechazo a la sentencia del alto y desprestigiado Tribunal, que no sólo ha llegado tarde, sino en el peor momento.
Después de demorarse cuatro años, dar a conocer una sentencia mediatizada por influencias partidistas en la víspera del día en que se va a celebrar una manifestación contra ella parece un inútil intento de mostrar la independencia del Tribunal para hacer pública su opinión al margen de la coyuntura política, pero en realidad es una prueba evidente de la lejanía de dos mundos que no comparten ni el tiempo ni el espacio. Uno es la sociedad real y otro es el irreal mundo de las togas, en que vive encastillada gran parte de la judicatura.
La manifestación ha sido una respuesta a la sentencia del Constitucional dejando claro que no se comparte, pero también que se cuestiona su actual configuración, al haberse convertido en un instrumento de oposición política del Partido Popular. Lo cual es especialmente grave, porque el TC ha corregido, si bien en parte, la decisión de los ciudadanos expresada en dos parlamentos y en un referéndum y ha señalado, a la vez, los límites del proceso autonómico; ha echado el cerrojo. En vista de lo cual hay que preguntarse si en el PP se sienten realmente contentos con lo obtenido, que, a tenor de lo perseguido, no es mucho: de los 223 artículos del Estatut, el PP recurrió 114, el TC dejó el 97 fuera de la Constitución; en 14 artículos ha encontrado algún motivo para invalidarlos en todo o en parte; estima que 23 se adecúan a la Constitución si se cambia la interpretación, y 74 de los artículos recurridos no han sufrido alteración. El PP presentó casi una enmienda a la totalidad, pero no le ha salido la jugada que esperaba. La prueba de que la sentencia no ha satisfecho a sus dirigentes está en que, en vez de airearla a bombo y platillo como un triunfo de sus tesis sobre la unidad de España, se han apresurado a pasar página, a guardar la salmodia de la balcanización y dejar que se olvide la larga y artera campaña contra el Estatut, y de paso contra Cataluña, aunque ahora lo nieguen, lo cual también era de esperar, pues, como ocurrió en su día con la Constitución, cuando la mitad de sus 16 diputados la rechazó, luego sus dirigentes se han convertido en sus guardianes, casi en sus secuestradores; al final, defenderán este Estatuto y se arrogarán el papel de ser sus más fieles intérpretes. Pero no hay que olvidar lo que ha hecho el Partido Popular para meternos en este lío.
En noviembre de 1999, el PP apoyó la investidura de Pujol a cambio de que CiU renunciara a una revisión del Estatut de Sau. Testigo que recogió Maragall, quien, ante un gobierno de la derecha catalana apoyado por el triunfante gobierno de Aznar surgido de la elecciones generales del 2000, buscó el acuerdo con fuerzas de izquierda para reformarlo y privar a CiU del monopolio del nacionalismo ofreciendo al electorado catalán un proyecto nacionalista y de izquierdas. En 2003, de cara a las elecciones autonómicas, CiU se sintió libre del pacto con el PP y, junto con la designación de Artur Mas como sucesor de Pujol, retomó la idea de reformar el marco autonómico. Mas prometió que, si ganaba las elecciones, habría un nuevo estatuto con un acuerdo económico similar al concierto vasco.
Celebrados los comicios en otoño de 2003, Maragall, Saura y Carod firmaron un pacto de Gobierno (el pacto del Tinell) con el compromiso de reformar el Estatuto de Cataluña y la esperanza de que CiU lo apoyase desde la oposición. Así, ante un PP reafirmado en sus pautas centralistas y atacado de ardor guerrero en las Azores, se alzaba una alianza de izquierdas que representaba la España plural y pacifista. Lo cual llevó a Zapatero a afirmar, de modo tan optimista como imprudente, que apoyaría un estatuto respaldado por el parlamento catalán.
Tras el Pacto del Tinell, la victoria electoral del PSOE en 2004 colocó al PP en la oposición ante el gobierno catalán y ante el central. Los sucesores de Aznar se olvidaron de cuando éste hablaba catalán en la intimidad y enarbolaron la bandera de la unidad de España, que, según ellos, estaba en peligro de balcanizarse por las concesiones de Zapatero a los nacionalistas y el imaginario pacto secreto suscrito con ETA a cambio de proyectar la voladura de los trenes en Madrid, el 11 de marzo, para hacer caer al Gobierno. Eran los años, en que todos los días, todos los diarios y emisoras de radio y televisión y los tertulianos y comentaristas afines a la derecha difundían la teoría de la conjura urdida entre etarras, islamistas, agentes secretos españoles y marroquíes y policías afectos al PSOE para acabar con un gobierno que había emprendido la tarea de sacar a España del rincón de la historia sumándose a los planes imperiales de G. W. Bush.
Eran los años del ácido bórico, de las misteriosas mochilas que iban y venían según conveniencias de la prensa amarilla, de la descalificación de la comisión parlamentaria del 11-M (la comisión de la mentira, según Zaplana; un fiasco, según Rajoy) y de la obstrucción a la instrucción del caso llevada a cabo por el juez Del Olmo. Los años de las manifestaciones contra el terrorismo con motivos insólitos, contra la excarcelación de De Juana, contra la presunta entrega de Navarra a ETA, y de la apropiación de las víctimas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo; los años del boicot suscitado por el Partido Popular a productos catalanes, aunque luego Rajoy tuviera que brindar con cava catalán para tranquilizar a los empresarios; los años en que la compra de Endesa por Gas Natural, suponía, según Esperanza Aguirre, llevarse la sede de la compañía fuera del territorio español, o sea, a Barcelona, con lo que se colocaba al lado de Carod Rovira, uno de cuyos dislates (la entrevista con un dirigente etarra) sirvió para que el PP indicara que el Estatut se haría a la medida de ETA. Años de despropósitos como impulsar mociones contra el Estatut en ayuntamientos y parlamentos autonómicos donde hubiera mayoría del PP, y llevar al Congreso una proposición de ley para celebrar un referéndum nacional sobre la unidad de España. Años en que el PP recibió el apoyo de la Conferencia Episcopal, que sacó del baúl de los recuerdos la unidad de España basada en la fe católica y señaló peligros sin cuento como el ejercicio de la poligamia si se aprobaba el Estatut.
El PP pretendió que la Mesa del Congreso no admitiera el Estatut para discutirlo en la cámara y, tras ser retocado y aprobado, decidió recurrirlo con la intención de que el Tribunal Constitucional lo dejara prácticamente inservible, para lo cual no dudó en emplear todas las maniobras posibles, como recusar al magistrado Pérez Tremps e impedir la renovación de los magistrados cuyo mandato expiraba. El resto es de sobra conocido: cuatro años de demoras, de tiras y aflojas y de malestar, que, al conocerse la sentencia, se ha expresado de manera multitudinaria en la manifestación de Barcelona.
Si el Partido Popular pretendía acentuar el victimismo que tan bien utilizan los partidos nacionalistas (como ellos en el caso de España), aumentar la sensación de agravio de los catalanes respecto a las decisiones que llegan de fuera de Cataluña, deslegitimar el Tribunal Constitucional, aumentar la desconfianza en el proceso autonómico y alimentar el crecimiento del soberanismo, lo ha hecho estupendamente. Si sus dirigentes buscaban aumentar la unidad del país, como aducían, lo que han hecho es alejar más a Cataluña; es más, se diría que realmente pretendían empujar a más catalanes hacia la independencia. El daño ya está hecho. Y ahora, ¿qué?
Este artículo contesta algunas de las críticas hechas por voces dentro de los establishments mediáticos y políticos madrileños al Presidente Montilla a raíz de su llamada a la movilización popular ocurrida en Cataluña en contra del dictamen del Tribunal Constitucional. Señala que la falta de conocimiento de la realidad catalana por parte de tales establishments, así como su inmersión en un nacionalismo españolista (que nunca se reconoce como tal) lleva a una incomprensión de Cataluña y por lo tanto de España.
Mi artículo en defensa de la llamada del Presidente Montilla a la movilización popular en contra del dictamen del Tribunal Constitucional originó (como era predecible) una amplia respuesta de muchas voces, bastantes de ellas procedentes de los establishments mediáticos y políticos de Madrid, incluyendo algunas voces socialistas del PSM-PSOE. Gran número de tales voces reflejaron un escaso conocimiento de Cataluña, y por lo tanto de España, que por desgracia es bastante común entre amplios sectores de tales establishments (sean del color político que sean) aún cuando, en general, son las derechas las que reproducen este desconocimiento de una manera más acentuada.
Uno de los mayores errores es considerar el catalanismo (la defensa de Cataluña como nación) como una invención de la burguesía catalana, y de un sector de las izquierdas, que desean recuperar una identidad cultural negada durante la dictadura. Tal observación parece desconocer que durante aquel periodo, enormemente represivo, fueron las izquierdas las que lideraron la lucha por la identidad catalana, no las derechas, siendo la burguesía la que colaboró más con el fascismo. Era esta burguesía la que hablaba castellano, dejando que fueran los sirvientes y lo que llamaban “clases bajas” los que hablaran en catalán. El castellano fue impuesto por la dictadura en Cataluña, con el apoyo de la burguesía.
En la manifestación del pasado 10 de Julio, la que lideraba la mayor concentración de personas que haya ocurrido en la historia de Catalunya fue una bandera catalana, llevada por treinta sindicalistas, siendo los dos sindicatos de clase mayoritarios en Cataluña (CCOO y UGT) los encargados de llevar el servicio del orden de la manifestación. Y todos los sindicatos y partidos de izquierda fueron parte del liderazgo de tal movilización, siendo un socialista, el Presidente Montilla, el que lideró el componente institucional de la manifestación.
El segundo error que hacen aquellos amplios sectores de los establishments políticos y mediáticos madrileños es ver al catalanismo como idéntico al separatismo, o como un paso previo a la separación de Cataluña del resto de España. Las derechas españolas hacen este supuesto constantemente. Y una de las voces del PSM-PSOE hacía lo mismo cuando alertaba de esta posibilidad, haciendo referencia a hechos de los años treinta del siglo pasado. Pero se ignora que el siglo XXI es muy distinto a la primera mitad del siglo XX. El independentismo (una opción totalmente legítima, y cuya dimensión política de izquierda, ERC, es parte del gobierno tripartito catalán, y cuyos votos en el Parlament y en las Cortes Españolas han sido claves para facilitar políticas de izquierda) es hoy minoritario en Cataluña, y fue también minoritario en la manifestación del 10 de julio, por mucho que varios medios en Madrid lo presentaran como una manifestación independentista. En tal manifestación hubo muchas más banderas catalanas que banderas esteladas independentistas. La demanda del reconocimiento de Cataluña reflejado en el Estatut es mayoritaria en las instituciones políticas, sociales y civiles progresistas en Cataluña. El independentismo, sin embargo, está creciendo, resultado, en gran parte, de la hostilidad por parte de las derechas y la incomprensión por parte de amplios sectores de las izquierdas jacobinas que se olvidan del pasado federalista de sus antecesores.
Un tercer hecho que es también importante de constatar, es que la cultura política catalana es muy distinta a la cultura madrileña y castellana. El mayor adversario político de las izquierdas en Cataluña es la derecha catalana, CiU. En Madrid es el PP, una derecha enraizada en la dictadura que todavía tiene un enorme poder y gobierna en Madrid, tanto en la ciudad como en la Comunidad Autónoma y que marca constantemente el territorio político en Madrid, y también, por desgracia, en España. La derecha española es una derecha reaccionaria, homologable a la ultraderecha europea, como lo muestra su apoyo al enjuiciamiento de Garzón por el Tribunal Supremo a propuesta del partido fascista, la Falange, situación definida como bochornosa por la mayoría de medios cercanos a las derechas europeas. En realidad, en mi entorno universitario hay muchas personas de izquierdas catalanas que se han convertido en independentistas porque no desean pertenecer a un país –España- donde la derecha hegemónica es tan reaccionaria y portadora de tantos valores pre constitucionales. Y por desgracia, el debate ideológico y político en España se realiza en muchas ocasiones en el terreno marcado por las derechas.
Es agotador y llega a un hartazgo, tener que rebatir siempre a las derechas castellanas que, en defensa de un centralismo madrileño recurren siempre a “la unidad indisoluble de España”, slogan utilizado por los fascistas en el golpe militar del 1936 para defender privilegios de clase. Esta expresión produce un enorme rechazo entre las izquierdas catalanas, y también entre las derechas democráticas. Tal slogan fue el que se utilizó por los golpistas para reprimir brutalmente en Cataluña la expresión de su identidad. De ahí que la inclusión de la famosa llamada a la indisoluble unidad de España en el dictamen del TC (nada menos que doce veces en su dictamen) para justificar su decisión de subrayar (lo cual ya se había acordado y pactado en el Estatut y aprobado por las Cortes) que Cataluña no era una nación desde el punto de vista jurídico molestó a muchos sectores de la población catalana. Esta y muchas otras medidas eran una ofensa a Cataluña y a cualquier español con conciencia democrática. Era, como bien dijo el presidente Montilla, poner el dedo en la herida para reavivarla. Y no tengo ninguna duda de que éste fue el objetivo de un gran número de miembros del TC, en respuesta a las críticas que les había hecho el President Montilla, durante estos cuatro años, por su insensibilidad, arrogancia y descrédito. Tal como dijo el President, “La sentencia está llena de ofensas gratuitas que no tienen efectos jurídicos, pero sí el efecto de tocar las narices”. La mayoría de catalanes (61%) están de acuerdo con esta lectura del dictamen del TC, respondiendo afirmativamente a la pregunta “¿Está de acuerdo con que la sentencia del Tribunal Constitucional representa un agravio para Cataluña como afirman todos los partidos políticos catalanes excepto el PP?”.
Lo cual me lleva a la última reflexión referente a la supuesta falta de apoyo popular al Estatut en Cataluña, percibiéndose su defensa como un tema exclusivo de las élites políticas, pero de escaso interés para las clases populares. Aquellos que lo perciben de esta manera citan encuestas que señalan que el Estatut no parezca ser un tema prioritario, comparado con otros temas tales como el desempleo y la crisis económica. Me parece totalmente lógico que así sea. Pero las mismas encuestas muestran gran interés entre las mismas clases populares sobre los recursos y la extensión de sus servicios públicos o el idioma de sus escuelas, todos ellos definidos en el Estatut. Escribir (como han llegado a hacerlo algunas voces socialistas madrileñas), o mostrar en la televisión (como hizo TVE –en su programa Informe Semanal- sobre la manifestación del 10 de julio en el que mostraba a una persona en un mercado –presentada como una voz representativa de las clases populares- desmereciendo la importancia del Estatut, es asumir una escasísima representatividad de las instituciones públicas, cívicas y sociales de Cataluña, que es profundamente ofensiva a las instituciones catalanas. TVE, por cierto, fue abucheada extensamente en la manifestación, lo cual fue interpretado erróneamente por más de un tertuliano en los medios madrileños como un silbido antiespaña. Tal interpretación de la percepción popular del Estatut, infravalorando la manifestación, como han hecho la mayoría de los medios en Madrid, es un enorme error. Es más, el Estatut aborda intereses económicos y políticos y también los símbolos. Y creerse que éstos no son importantes es desconocer la naturaleza humana. Me expando en ello.
Muchos amigos madrileños cuando vienen a Cataluña y no ven muchas banderas españolas, asumen que la población no se siente española. Y aunque esto es cierto para un número creciente de catalanes, no lo es para la mayoría. Pero un número muy grande (que aumenta según la edad) no considera la bandera española definida por la Constitución como su bandera, ni el himno nacional como su himno. Para muchísima gente en Cataluña la llamada bandera española es, en realidad, la bandera borbónica que llevaban las tropas franquistas que invadieron Cataluña, tropas que se autodefinían como las nacionales y que consideraban la marcha militar borbónica como su himno. En realidad, si se permitiera izar la bandera republicana en los ayuntamientos en lugar de la borbónica, creo que gran número de ayuntamientos en Cataluña izarían la republicana en lugar de la borbónica. Y ello como consecuencia de una memoria histórica que los gobiernos catalanes democráticos han mantenido viva. Se puede acatar una ley sin necesariamente aprobarla.
De ahí que no haya la actitud reverencial hacia la Constitución en la mayoría de la población catalana. Es un documento pactado en un momento de gran desigualdad en las relaciones de poder. Es inevitable que, a medida que haya un cambio en estas relaciones, tal Constitución cambiara. Y una de las cláusulas que necesita eliminarse, por cierto, es aquella que asigna al Ejército la defensa de la integridad (indivisible unidad) de España, frase y dictamen puesto ahí, que, indirectamente, puede utilizarse para justificar el golpe de Estado de 1936. No existe ninguna otra Constitución europea que tenga tal tipo de cláusula.
La variable más importante para decidir el futuro de Cataluña es la propia voluntad del pueblo catalán. La clase trabajadora y clases populares catalanas tienen muchísimo en común con las clases trabajadoras y clases populares de otras naciones y regiones de España, incluyendo Madrid. De ahí la importancia de que los representantes de tales clases debieran ser muy sensibles no sólo a eliminar cualquier forma de explotación de clase y de género, sino también de nación. La Guerra Civil fue una lucha de clases pero también una lucha de unas oligarquías que impusieron una visión nacionalista española oprimente para las otras naciones y regiones de España. Y es en este sentido que, en estos momentos, son de agradecer las voces de izquierda como las de Santiago Carrillo o las de Gaspar Llamazares, que desde Madrid protestaron el dictamen del TC. Sería de agradecer que tales voces se dieran también en el socialismo, incluyendo el madrileño. Pero, tal protesta no debiera darse sólo como acto de solidaridad con el pueblo catalán y con las izquierdas catalanas, sino también (como hace Llamazares) como muestra de desacuerdo en contra del TC, que debiera mostrar todos aquellos parlamentarios que votaron a favor del Estatut. ¿O es que cuando los socialistas madrileños votaron a favor del Estatut creían que era inconstitucional? Si entonces creyeron que era constitucional, ahora deberían protestar que el TC lo recorte. Acatar es una cosa. Aprobar es otra. Aplaudo que el Presidente Montilla protestara. Y me entristece (aunque no me sorprende) que no lo hicieran más voces de la izquierda basada en Madrid.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el populacho, vestido de rojo, han alcanzado las teles nazionales sus últimos objetivos maquinales. La conciencia ha terminado.
Hacía bien el Generalísimo en advertirnos de que lo único que se había completado en abril de 1939 eran objetivos militares. Faltaba, obviamente la conquista de la conciencia. Para ello se utilizó el miedo y la mordaza durante 40 años. Pero no funcionó. No sé muy bien si a sabiendas o no, el caso es que se recurrió a la desmemoria durante 35 años más, pero la Victoria tampoco resultó completa. Y sin saberlo ninguno de los mandos, y muy quizá porque, aunque muchos lo ignoren, la máquina anda sola, vino el Espectáculo (deportivo o no, es lo de menos) -¡mira tú!- vino el Espectáculo a completar el Triunfo.
Porque por si alguien tenía dudas, los últimos acontecimientos han acabado de evidenciar lo que muchos sabíamos ya: que hace tiempo que el fútbol se ha convertido en un asunto político de primer orden. El juego original ha devenido Espectáculo, espectáculo de masas; y el Espectáculo, en una sociedad mediática, es el centro de la vida pública, un factor determinante de las relaciones e identidades sociales (1). Puede gustar o no ese juego, poco viene al caso, pero nadie puede negar que tal como se ha constituido hoy en nuestra sociedad, es ya el principal asunto público.
Ya sea en la acepción más restringida del concepto de "política”, ya en la más amplia y social, se mire por donde se mire, el fútbol es política en sentido estricto. En el sentido más amplio y democrático, lo es de forma clara como medio de distracción y despolitización masiva, y también al determinar las aspiraciones, ilusiones y relaciones de la gente (fijando, por cierto, un marco bien estrecho para las mismas, y muy especialmente para la gente más indefensa: los niños). Pero lo es también en el sentido más aristocrático de la política (ese que la limita a “las cosas de los políticos”, que la remite exclusivamente a la esfera del Poder), porque también ahí es continuamente instrumentalizado con fines manifiestamente políticos. Si no, resultaría difícil entender la presencia del fútbol, de sus símbolos, de sus personajes y de su retórica en la agenda de los políticos (algo tiene que les interesa). Desde las audiencias del Rey, hasta la camiseta de la selección llevada por la ministra a Afganistán, o las continuas reivindicaciones nacionalistas de una selección propia, el fútbol se impregna de política tanto como de óptica empresarial. Es tanto mentira espectacular como verdadero negocio.
Así pues, como muchos o casi todos sabemos, el fútbol es política con una función claramente alienante: secuestra la conciencia y la proyecta lejos del propio ser y los propios problemas, dirigiéndola hacia ilusiones ajenas con las que esta tiende a identificarse progresivamente. Una vez consolidada tal confusión de intereses, la manipulación queda apuntalada: el propio espectador reclamará, en un ejercicio de libertad, su dosis de fútbol, su dosis de felicidad enlatada, y esta será administrada amparándose en la democrática demanda popular. Como se ve, el mecanismo es el habitual engaño neofascista propio también de la dinámica de mercado: no domina al sujeto sino la construcción del propio sujeto. Por eso resulta tan democrático y tan totalitario.
Este mecanismo de ideologización es claro para cualquiera que no esté hipnotizado y se acompaña en su desarrollo de “refuerzos positivos”: mientras la política se presenta rodeada de presunta complejidad y de un lenguaje inaccesible que espanta y aburre, el fútbol, por su parte, es difundido asociado a la emoción, con un lenguaje popular y sencillo que seduce y atrae. La elección del espectador es clara.
Así, una vez adscrita la masa al fútbol y apartada de la política, la obediencia se podrá presentar como aceptación de la realidad (“apolítica”), mientras la resistencia será injustificado radicalismo (“político”) . El régimen queda “atado y bien atado”. La masa lo defenderá, y el fútbol, en tanto que Espectáculo, ayuda y ayuda bien.
En suma, como vemos y sabemos, el fútbol es un excelente reclamo político. Bien, pues el caso es que esto, que resulta de una obviedad insultante -tan insultante que aun me pregunto qué hago teniendo que explicitarlo- es negado con solemne convencimiento por la mayoría de los políticos y por la propia “gente del fútbol” (la gente que el dispositivo espectacular ha convertido en famosos con notable influencia en la opinión pública, por más que a menudo sus dotes intelectuales sean más bien minúsculas...). Así, es frecuente encontrar en los media constantes apelaciones a separar ambos mundos (insistencia que es en si misma la mejor prueba del profundo sentido político del fútbol; pues si no, ¿a qué tanto desmentido?). Que si los comentaristas futboleros llaman energúmeno a un “espontáneo” que entró en el “terreno de juego” con una pancarta para llamar la atención sobre el cambio climático o una masacre en Palestina, asuntos intrascendentes ante la emoción del partido (de paso nos advierten que no se debe “meter la política en el fútbol”). Que si el político de turno nos recuerda que no debemos politizar un Madrid-Barça. Que si el presidente de un Gran Club se reúne con el prohombre del Ayuntamiento y organizan el nuevo pelotazo (¡nunca mejor dicho!). Que si vemos hordas de “aficionados” bien pertrechados de esvásticas y uniforme paramilitar acudir al “fondo del fútbol”, o apalear a algún “deficiente”, y nos confirman que esa gente no tiene nada que ver con el fútbol. Que si los representantes de las principales cadenas de Televisión se reúnen con la L.F.P. para establecer los términos y reparto de las millonadas que van a ingresar. Que si estas cadenas deciden montárselo mejor con el “pay per view” con la aprobación de gobierno y políticos... En fin, la lista sería interminable. Pero nada de esto es política. ¡Qué va, hombre! Recientemente encontramos al seleccionador nacional que, enfrentado a la actualidad de la movilización catalanista, las sentencias de los Tribunales y el origen de la mayoría de sus jugadores, nos recuerda que la Selección y sus presuntas victorias pueden ser muy útiles para unir España más allá de las diferencias regionales. Pero tampoco esto es política. Y también nos encontramos el país entero lleno de banderas postfranquistas como consecuencia de un torneo de fútbol. ¡Como si ahora todos fueran edificios públicos! Pero tampoco aparece por aquí nada de política...
En fin, que así las cosas, temeroso de que se me pueda notar la disidencia (lo que podría resultar fatal), decido refugiarme en casa para no ahogarme en una marea que llaman roja, pero que ya no lo es en absoluto, y encuentro en algún foro cibernético un sentimiento compartido (2) . Y tan abochornado como resignado, recojo al paso algunos de los tópicos que circulan en las redacciones, y consiguientemente en las cabecitas del vecindario:
“La selección somos todos”: aunque no se debe mezclar el fútbol con la política, el fútbol ha sido capaz de unirnos a todos para superar nuestras diferencias “regionales”. Es un ejemplo de los éxitos que podemos alcanzar si estamos unidos. “Somos los mejores”: sobre todo esta es la victoria de un grupo de una calidad humana fuera de lo común (¡como no se meten en política!), y de una afición campeona. “Nos lo merecíamos”: después de tantos años de infortunio, el fútbol ha hecho justicia, y ha sido en un año muy difícil para los españoles. Así que, aunque las hipotecas nos pesen, los “ajustes” nos duelan y el paro nos ahogue, por lo menos podremos encontrar en el fútbol un consuelo y una ilusión para seguir hacia adelante.
Y con ellos, con estos ingredientes “de uso tópico”, voy y me preparo un filtro para sentir lo unido que está “mi” país (“Una”), lo campeones que “somos” (“grande”), y lo libres que son los españoles (“y libre”). Después de agitarlo bien y beberlo, comprendo plenamente lo bien que el fútbol nos puede hacer entender la historia, al tiempo que sobrellevar nuestras miserias y tristezas. Siempre lejos de la política, claro!
Bueno, pues nada, el caso es que, como se ve, ni la más eficiente de las estrategias de encuadramiento fascista, ni la OJE, ni la Sección Femenina, ni el Sindicato Vertical, hubieran conseguido el adocenamiento que el Espectáculo ha logrado. Quizá sí, hoy “la guerra ha terminado”.
...Pero supongo que más de uno nos echaremos al monte.
Citas:
1. “El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes”. Guy Debord, “La sociedad del espectáculo”.
2. Por mi parte, debo decir -vivo en Madrid y soy de aquí; lo siento, de verdad- que anoche tuve algo de miedo. Me sentí como debieron sentirse las personas de izquierdas tras la entrada de las tropas franquistas en Madrid. No corrí el riesgo de que me asesinaran (supongo), pero sí me vi obligado a sonreir y simular mi alegría al cruzarme con cientos de jóvenes embriagados, que cantando himnos (unos cantaban el de la Infantería, gloriosa, faltaría más) lanzaban miradas exigiendo complicidad. Y me dio mucha, mucha pena. Y, claro, sin poder dormir hasta por lo menos las tres de la madrugada. Cualquiera se atrevía a protestar.
Este artículo responde algunas de las críticas que el establishment mediático y político basado en Madrid (incluyendo voces del socialismo madrileño) ha hecho al Presidente Montilla por su llamada a la movilización popular del 10 julio. El articulo señala que tal protesta no es contra España (como los nacionalismos centrales y periféricos intentan presentarlo) sino contra el TC y su instrumentalización por las derechas españolas (y algunas otras voces estancadas en el pensamiento heredado del régimen anterior) para diluir un Estatuto aprobado por el Parlamento catalán, las Cortes Españolas y refrendadas por el pueblo catalán. El dictamen del TC es un paso atrás hacia la realización de una España plurinacional, resentida y no deseada por una concepción centralista y uniforme de España.
Me apena pero no me sorprende que la llamada del Presidente Montilla y del gobierno de la Generalitat de Catalunya, a la movilización popular en Cataluña, en protesta por el dictamen del Tribunal Constitucional (TC), haya creado una respuesta de gran animosidad en sectores intelectuales basados en Madrid, no sólo entre las derechas, sino también en sectores del socialismo madrileño, que han definido tal llamada a la movilización popular como “desaforada”, “insensata” e “histriónica” (entre otros adjetivos) frente a una sentencia del TC que consideran “madura”, “equilibrada”, “sensata” y “ejemplar”, considerando a tal TC como un tribunal motivado única y exclusivamente por criterios jurídicos, deseosos de que cualquier ley en España encaje con la Carta Magna que “los españoles nos dimos en el año 1978”. Se juzga como desproporcionada tal respuesta, pues se asume que la sentencia del TC avala nada menos que el 90% del Estatuto de Cataluña, aprobado por el Parlamento catalán y por las Cortes españolas, y refrendado por el pueblo catalán. Y para añadir más fuego, se acusa al Presidente Montilla de tener una actitud “impropia” de un Estado de Derecho, pues lo que le toca hacer es acatar la sentencia y dejar de movilizar protestas contra el TC. Es más, tales voces insinúan que el Presidente Montilla tiene unas prioridades en su gobierno equivocadas, abandonando los problemas reales de la población en Cataluña entre los cuales el debate del Estatuto palidece en importancia frente a otras áreas algo descuidadas por su Gobierno.
Ante tantas críticas y observaciones insultantes, cabe preguntarse “¿de dónde viene tanto adjetivo descalificador?”. Y la respuesta es que viene de dos visiones muy distintas, no sólo de lo que es España, sino de cómo hemos llegado hasta aquí. No coincido con la idealización de la Transición que supone la frase “de que los españoles nos dimos la Constitución (como un regalo, por lo visto) en 1978”. La Constitución, como la Transición que la produjo, fue inmodélica, resultado de un proceso muy desigual en el que las fuerzas conservadoras controlaban el aparato del Estado y dominaban el proceso de la Transición. Las izquierdas salían de la clandestinidad y no eran pares en aquel proceso.
Ni que decir tiene que la gran conquista de las izquierdas (y muy en particular, de las movilizaciones obreras) fue que se aceptara en la Constitución que la soberanía viniera del pueblo. Pero, los elementos claves de como esta soberanía se refleja a través de los organismos del Estado, fue dictado por las derechas, bajo la supervisión del Ejército franquista, dificultando enormemente la expresión del poder popular. Desde la Ley Electoral hasta el establecimiento de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, y el establecimiento del Tribunal Constitucional (así como su composición) fueron resultado de aquellas influencias, siendo estas instituciones gestionadas por un cuerpo judicial enormemente conservador. Como consecuencia de ello, tales organismos están profundamente politizados, siendo utilizados por las derechas para parar las leyes resultado de la soberanía popular. Una ley, aprobada por los dos parlamentos, el catalán y el español, y refrendada por el pueblo catalán está ahora siendo recortada sustancialmente por un tribunal claramente politizado, además de desacreditado.
El PP está utilizando tal tribunal para conseguir lo que no ha conseguido a través de los parlamentos catalán y español, y está enojado además por el resultado del referéndum en Cataluña, que no deseaba. Leo hoy, por cierto, que está llevando al TC la ley del aborto y así un largo etcétera. No es la función de un Tribunal Constitucional hacer de tapón de la voluntad popular. Basado en esta experiencia, me parece una idealización de tal Tribunal definirlo como un organismo neutro y técnico. No lo es y ahí está parte del desacuerdo. Lo que el TC decide depende de la sensibilidad política de sus jueces, convirtiéndose así en una minicámara legislativa politizada. El sistema de selección de sus miembros es único y no se reproduce en otros tribunales de semejante responsabilidad en otros países. De ahí que tal tribunal ha sido utilizado predominantemente por el PP, el cual ha estado dividiendo a los españoles como parte de su estrategia política. Partido enraizado en una dictadura, que justificó su existencia “apelando a la defensa de la unidad de España” frente a lo que llamaba comunistas y separatistas, el PP ha utilizado el TC para parar el Estatuto de Cataluña. La mejor prueba de ello es que llevó al Tribunal Constitucional, muchos elementos que han sido aprobados en otros estatutos (como el andaluz y el valenciano) sin que lo recurrieran.
La movilización del 10 de julio no es contra España, y el Presidente Montilla ha clarificado este punto en su llamada. Dejó muy claro que la protesta no es contra España (de la cual Cataluña es parte), sino en contra del dictamen del TC. Y por razones, además, que exigen una protesta. Fuera de Cataluña, País Vasco y Galicia no se entiende el genocidio cultural que la dictadura intentó hacer sobre las culturas y lenguas catalanas, vascas y gallegas. La primera vez que tuve problemas con la policía nacional fue a la temprana edad de siete años cuando uno de ellos me abofeteó por hablar en catalán (mi lengua materna) insultándome y gritándome que no “hablara como un perro sino como un cristiano”. Le escupí en la cara, por lo que me detuvieron y me llevaron al cuartelillo, llamando a mis padres. Mi padre, que luchó en varios frentes defendiendo a la República española y a la Generalitat de Catalunya, me acarició en la cara y le oí susurrar “tan joven ya”. Y mi madre me dio el beso más grande que me dio en su vida. Los dos fueron antifascistas hasta el último día de su vida, y amaban profundamente a Cataluña y a España, por lo cual fueron brutalmente represaliados. Y parte de la humillación que sufrieron fue por su defensa de la identidad catalana. Sólo aquellos que sufrimos estas humillaciones pueden entender la intensidad de nuestro interés en defender nuestro idioma y nuestra cultura. Cataluña es además un país pequeño que puede fácilmente quedar absorbido y perder su cultura y su lengua, tal como ha ocurrido en la Cataluña francesa, donde se ha dejado de hablar catalán y las nuevas generaciones ni siquiera lo reconocen. Muchos jacobinos en España desearían que esto ocurriera también en Cataluña. Pero una persona de izquierdas no puede aceptar esto. De ahí la importancia de que sea una lengua preferente y no sólo igualitaria, pues hoy, por mucho que sorprenda, el catalán es todavía el idioma minoritario en los medios en Cataluña. Para que haya dos idiomas en iguales condiciones se requiere, paradójicamente, que, entre iguales, el catalán sea el preferente, es decir, el primero. Ello no implica una discriminación en contra del castellano, sino la necesidad de potenciar el catalán.
Entiendo que se pueda estar en desacuerdo con esta postura que sostengo, pero tal desacuerdo no puede basarse en una situación de imposición y fuerza. El castellano se impuso en Cataluña (y el bofetón del policía es un ejemplo entre miles). De ahí que mis amigos castellanos y del centro de España tienen que ir con pies de plomo y ser súper cautos en sus comentarios, pues son vulnerables de ser acusados de defender intereses que se impusieron por la fuerza en su día en Cataluña. Esta es una realidad, que fue habitualmente utilizada por la derecha nacionalista catalana por causas electorales. Pero el éxito de sus campañas se debía a que había una base real sobre la que se edificaba la protesta. Referirse a esto como meramente victimismo es semejante a desmerecer la causa sindical por querer corregir injusticias laborales. En España, la dictadura se basó en una imposición de clase y de nación. Esto está ampliamente concienciado en las izquierdas catalanas, cuya proclama en la lucha antifascista durante la clandestinidad era “llibertat, amnistia i estatut d’autonomia”.
La gran sorpresa del socialismo centrado en Madrid fue que cuando ganaron las izquierdas, éstas fueron incluso más exigentes en su demanda de autogobierno y reconocimiento identitario, olvidando que fueron las izquierdas (y no las derechas nacionalistas, con notables excepciones) las que, durante la dictadura, defendieron la identidad catalana. Para colmo, hoy tal demanda la lidera un catalán nacido en Andalucía, un “charnego” como decían las derechas catalanas. De ahí el odio que recibe dentro y fuera de Cataluña. Unos lo consideran un impostor, otros un traidor (o, como dijo un socialista establecido durante treinta años en Madrid, un socialista contaminado de nacionalismo). Montilla es, como millones de catalanes, un catalán que se siente español, pero que se indigna por la falta de sensibilidad que se tiene en Madrid hacia la redefinición de lo que es España.
Durante cuatro años se ha ido desarrollando el estatuto sin que España se rompiera. Pero las derechas y algunas izquierdas no quieren que se redefina esta España. Y el TC es uno de ellos. Esta redefinición incluye la sustitución de una España radial centrada en Madrid por una España plurinacional en que, como en EEUU, algunos órganos del Estado central están ubicados en Madrid y otros en Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Badajoz, y otras capitales de España, con pérdida del excesivo protagonismo que tiene Madrid y que es lo que explica, en gran parte, la resistencia del establishment político y mediático madrileño a esta redefinición, sea del color que sea. Y esta plurinacionalidad tiene que respetar las especificidades de cada componente, y no tratar de frenar o inhibir la diversidad que enriquece España.
Ni que decir tiene que estas resistencias a redefinir España están azuzando el independentismo, que ha crecido enormemente. El 25% de la población catalana se muestra favorable a la independencia. Esta lucha ideológica la tenemos que llevar a cabo en Cataluña y se vencerá o perderá en Cataluña. Pero pediríamos a nuestros amigos del resto de España que ayudaran en lugar de animar al independentismo que es lo que hacen cuando insultan y muestran su enorme incomprensión.
Una última observación referente a la supuesta falta de atención del gobierno de izquierdas a los problemas de cotidianeidad del pueblo catalán. El gobierno catalán ha sido uno de los gobiernos en las CCAA que ha mostrado mayor compromiso social (disminuyendo considerablemente el déficit de gasto publico social en Cataluña con el promedio de la UE-15), habiendo sido el primero en aumentar los impuestos de las rentas superiores, algo que no ha hecho el gobierno español socialista, y sobre el cual, las izquierdas socialistas madrileñas han guardado un silencio ensordecedor. Ganarían credibilidad en sus críticas si mostraran mayor protagonismo en la defensa de las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, y menos en su defensa del TC.
Aquest treball compara la realitat de Groenlàndia, Escòcia i el Quebec amb Catalunya, i es planteja entre d'altres les preguntes següents: La independència/secessió és democràtica?, serien econòmicament viables aquests nous estats?, com reaccionaria la Unió Europea?
Entrevista a M. Dolors Genovès, directora i guionista del documental "Adéu, Espanya?". És un treball que indaga sobre si els processos de secessió són jurídics -emparats en clàusules legals- o polítics -fruit d'una negociació.
He de reconocer que debe ser algo visceral porque en el fondo, a mi como a muchos, nos han educado para apreciar a una derecha que lo mismo se descojona del cambio climático porque así lo dice no sé que primo que valora las propiedades del vino entre kilómetro y kilómetro. Pero es que no me siento cómodo entre ellos, que le voy a hacer. No, no crean que es como a quien se le cuela una china en el zapato. Yo más bien lo asemejaría a una primera depilación: puedes pasar cerca de la clínica e incluso tener la tentación de preguntarles por las técnicas utilizadas, pero al primer tirón te preguntas que coño haces tú ahí.
El sábado pasado, cuando paseaba por la españolísima Gran Vía el día que más tricolores ondeaban en Madrid desde 1932, me dió por pensar que muchos conocidos míos desearían que ese día me comportase como mandan los cánones, los eclesíasticos y los que aspiran a serlo. Pero pronto comprendí que eso no iba a ser posible: ni me había manifestado contra la despenalización del aborto, ni había puesto en solfa la sentencia del 11-M, ni había denunciado los devaneos adolescentes del de las cejas con ETA, ni me había importunado que dos señores o dos señoras les diera por ponerse un anillo en el dedo. Si al menos hubiera sido uno de los “cuatro millones” que firmó en contra del Estatut o hubiera acompañado a aquellos señores de negro tan simpáticos en defensa de la familia, otro gallo -patrio- cantaría. O, fijense, incluso me hubiera bastado con repartir algunos folletos curiosotes por Badalona o hacer alguna gracieta en forma de peineta. Lo cierto es que nada de eso hice y, lejos de dar curso a mi libertad de expresión -porque aquello era esto, decían entonces-, ahora me encuentro con faldas y a lo loco y por lo que se ve presionando como nunca se ha hecho en este país al poder judicial.
Sí, definitivamente soy un radical de los de la peor especie. Un rojo. Y posiblemente masón. Pero es que, entre usted -querido lector- y yo, siempre me he sentido mejor acompañado por uno de esos “carcamales resentidos” -que diría la condesa de Murillo- que por los que al grito del “España se rompe”, “defendamos la familia” o “la democracia está en peligro” rumian y vomitan una España en blanco y negro que añora a las chicas de la Cruz Roja tanto como Arias Cañete a los camareros de antes.
Soy un Puto Rojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, un viejo truhán, capitán de un barco que tiene por bandera un par de tibias y una calavera.
